El PP pide al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe una línea específica de ayudas a las comunidades autónomas para cubrir los gastos que supone la acogida de menores migrantes no acompañados.
Los populares también solicitan el Ejecutivo español que convoque «cuanto antes» la Conferencia de Presidentes para tratar la actual crisis migratoria con todas las comunidades autónomas.
Los populares han presentado este lunes en el registro del Parlament balear una proposición no de ley para su próximo debate y votación que rechaza el actual proyecto de ley de extranjería y que el Gobierno de Sánchez intente «imponerlo sin ningún tipo de diálogo, ni consenso y sin atender la situación específica de cada comunidad autónoma».
Con su propuesta, el PP quiere que el Gobierno tenga en cuenta la realidad singular de las Islas Baleares y la «imposibilidad» de Baleares de asumir nuevos repartos de menores ya que las islas son una ruta migratoria consolidada y tiene una sobreocupación del 650 % de su servicio de atención a menores migrantes no acompañados.
Los populares instan, además, al Gobierno de España que desarrolle una política migratoria «seria y responsable» y, para ello, que trabaje con los países de origen como Argelia porque la actual situación de ruptura de relaciones tiene como efecto negativo el aumento de la inmigración ilegal.
Mediante este propuesta política, el Parlament balear exige al Gobierno de España a «un mayor control y defensa» de las fronteras en coordinación con la Unión Europea con el apoyo de Frontex.
«El Gobierno de España está llevando a cabo una política migratoria basada en la improvisación y en la imposición, trasladando a las comunidades autónomas la responsabilidad de la gestión de la migración», ha criticado el portavoz parlamentario popular, Sebastià Sagreras.
«Baleares no puede asumir nuevos repartos de menors migrantes no acompañados», ha mantenido Sagreras.
Finalmente, ha señalado Sagreras, el Gobierno «debe reforzar» las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Baleares, empezando por el reconocimiento de una «insularidad digna» y aumentando el control y la defensa de las fronteras en coordinación con la Unión Europea y con el apoyo de Frontex.