Las asociaciones hoteleras de las Islas Baleares han lanzado un llamado urgente al Partido Popular para que reconsidere su enmienda al Decreto Ley de Simplificación Administrativa, que permitiría el uso turístico en viviendas ilegales construidas en suelo rústico.
Este cambio legislativo permitiría la legalización de estos inmuebles, lo que, según los hoteleros, agravaría aún más la crisis habitacional que afecta a la región.
En un comunicado conjunto, las federaciones hoteleras de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera han expresado su preocupación por el impacto negativo que esta enmienda podría tener en la ya tensa situación del mercado inmobiliario. “La falta de vivienda asequible es un problema crítico en nuestras islas, y medidas como esta solo empeorarían la situación al desviar propiedades hacia el alquiler turístico”, han señalado.
Los hoteleros sostienen que la enmienda contradice las políticas adoptadas por el Govern para controlar la expansión del alquiler turístico y priorizar el acceso a la vivienda para los residentes.
«No comprendemos cómo, en un momento de tanta sensibilidad social hacia la vivienda, se impulsa una medida que facilitaría la proliferación de alojamientos turísticos en viviendas que, hasta ahora, no cumplían con la normativa», añaden en el comunicado.
Además, han hecho énfasis en que el objetivo del decreto debe ser la simplificación administrativa, y no la concesión de nuevas licencias turísticas en propiedades que están fuera de ordenación. “Legalizar este tipo de viviendas turísticas generaría inseguridad jurídica y afectaría gravemente a las políticas de vivienda que se han venido impulsando en los últimos años”, subrayan.
Llamado al diálogo
El sector hotelero ha llamado al diálogo y ha pedido al Partido Popular que trabaje junto al Govern en soluciones que garanticen una regulación equilibrada del mercado inmobiliario, sin poner en riesgo la calidad de vida de los residentes y sin fomentar la especulación en suelo rústico.
Los hoteleros finalizan advirtiendo que permitir el uso turístico en estas viviendas ilegales “solo incrementará la presión sobre los recursos disponibles, afectando tanto a la economía local como al tejido social de las islas”.
