El reloj corre cada vez más rápido en Formentera. Y es que la crisis política e institucional mantiene bloqueada la administración sin Junta de Gobierno, órgano clave para garantizar la gobernabilidad, ni salida a la vista. Por eso, el secretario del Consell Insular ha enviado un extenso informe al Consell Consultiu de Baleares para que se expida un informe que resultará determinante. Y pide que se haga, además, en tiempo récord.
En el escrito, que cuenta con 50 páginas y 154 notas al pie a la Ley de Consells, al que tuvo acceso La Voz de Ibiza, se solicita que arroje luz sobre la “viabilidad jurídica del mantenimiento de la situación descrita”, que “ofrezca posibles soluciones, dado el marco legal descrito, que corrijan la situación (o que se encaminen a solucionarla)” y que “analice las consecuencias (y las responsabilidades) que se podrían derivar si no se corrige la situación”.
Todo esto con suma urgencia ya que “estamos ante una situación tan extraordinaria e inédita (en el fondo, desconocida en muchos de los aspectos a tratar, por ser impensables cuando se aprobó la Ley de Consells insulares) que se es consciente de que faltan sustantivos para describir (y más aún, adjetivos que añadir) lo que está ocurriendo desde noviembre de 2023 en el Consejo Insular de Formentera, gravemente desbordado desde junio de 2024 (sin Junta de Gobierno; sin vicepresidencias y, propiamente, sin consejeros de un equipo de Gobierno normal, quedando solo «restos» de un equipo de gobierno)”.
Por ello, es necesario que este consejo consultivo “no solo aporte luces desde el Derecho sobre lo que se va a pedir sino que también realice valoraciones de oportunidad o conveniencia sobre otras posibles soluciones jurídicas a adoptar y sobre los actores competentes para adoptarlas (y soluciones conexas)”.
“Estamos ante un asunto de relevancia más que notoria, crucial, de importancia absoluta para el desarrollo del Consell Insular de Formentera en buena parte de los ámbitos jurídico-administrativos de gestión y políticos”. Por eso, pide que el Consell Consultiu se expida en un plazo de 15 días hábiles “porque está en juego el desarrollo completo de uno de los cuatro Consells Insulares del archipiélago, con repercusiones en todos los órdenes imaginables”.
El Consell Consultiu
Probablemente sea el mayor desafío que haya afrontado alguna vez el Consell Consultiu desde que se creó el 15 de junio de 1993. Y tampoco está del todo claro si tiene las herramientas para poder desanudar una crisis que se viene enredando desde diciembre del año pasado.
Desempeña en la Comunidad Autónoma la misma función que, en el ámbito nacional, corresponde al Consejo de Estado. “Ello equivale a decir que si el Consejo de Estado, según el artículo 107 de la Constitución Española, es el supremo órgano consultivo del Gobierno, el Consell Consultiu de las Illes Balears será —como así lo dispone el artículo 76 del Estatuto de Autonomía— el superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears”, se detalla en su página web.
Una de las características esenciales «de nuestro órgano consultivo autonómico, que merece ser resaltada, es su autonomía orgánica y funcional, como garantía de objetividad e independencia en el ejercicio de la actividad consultiva».
Actualmente, está conformado por reconocidos juristas, cuyo presidente es Felio José Bauzá Martorell. La consejera-secretaria es la ibicenca María Virtudes Marí Ferrer y el resto de los consejeros son: José Argüelles Pintos, Jorge Sainz de Baranda Brünbeck, Antònia Maria Perelló Jorquera, Andrés Buades de Armenteras, Antonio José Diéguez Seguí, María de los Ángeles Berrocal Vela, Lourdes Aguiló Bennàssar y Maria Ballester Cardell.
Según se estipulan en los plazos para emitir dictamen, se prevén 15 días hábiles “cuando la solicitud sea formulada por el presidente de las Islas Baleares o por la Mesa del Parlamento y se haga constar la urgencia del dictamen motivadamente. También de forma motivada y en supuestos de gran complejidad, el Pleno puede ampliar el plazo hasta treinta días hábiles más”.
