El exalcalde de Ibiza, el socialista Rafa Ruiz, se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio del caso puertos. Y no lo lo hará solo, ya que también le acompañará el presidente del Club Náutico de Ibiza, Juan Marí.
Para ambos, la Fiscalía pide una pena de prisión de tres años por su intervención como colaboradores necesarios en el amaño de la adjudicación al Club Náutico de Ibiza que posteriormente fue anulada por los tribunales, según ha avanzado hoy Ultima Hora. Nada dice el rotativo de la situación procesal del abogado y directivo del club, Josep Maria Costa.
Por la pieza del Club Náutico de Ibiza y por la relativa a otra adjudicación en Menorca, el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares nombrado por Francina Armengol, Joan Gual de Torella, se enfrenta a penas que suman nueve años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración y cohecho.
Además, de Ruiz, Marí y Torella el juicio sentará en el banquillo a otros diez acusados más, entre empresarios de Menorca y miembros de la APB.
También cohecho
El caso más grave es el del Náutico de Ibiza, ya que algunos de los encausados se enfrentan también al delito de cohecho, además de a los delitos de prevaricación y malversación que se habrían producido en los dos concursos bajo sospecha.
Siempre según el rotativo mallorquín, la Fiscalía sostiene que tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que anuló la adjudicación de las instalaciones que ahora gestiona Puertos y Litorales Sostenibles y que entonces fueron adjudicadas al Club Náutico de Ibiza representantes de la APB ofrecieron una serie de contraprestaciones económicas a la empresa 12 Millas para que se apartara del procedimiento.
Según la juez instructora, Martina Mora, cifró en cuatro millones de euros el monto del soborno en su instrucción. En el relato, la jueza sostiene que la operación no llegó a consumarse por la intervención de la Guardia Civil en el marco de la investigación.
12 Millas fue una de las dos empresas que de forma inesperada compitió con el CNI en la adjudicación del concurso. No solo esto, sino que después de la adjudicación que se demostró fraudulenta inició una cruzada jurídica para que fueran anuladas diferentes acusaciones.
Quebranto mayor
En la línea de la instrucción de la jueza del caso puertos, la Fiscalía sostiene que el amaño de la adjudicación al Club Náutico de Ibiza supuso un quebranto para las arcas públicas de nueve millones de euros. Este fue el dinero que la APB habría dejado de ingresar en el caso de que no se hubiera anulado la adjudicación por haber adjudicado la marina al CNI en lugar de a otras empresas que presentaron ofertas más ventajosas.
Se trata de una cifra superior a la mínima recogida en el auto de procesamiento que, tal como avanzó La Voz de Ibiza, fue cifrado en 7,6 millones de euros mínimos.
Salvem es club
Según la calificación del fiscal Juan Carrau de la que informa Ultima Hora, Gual y la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll, quien se enfrenta a una petición de prisión de cuatro años, maquinaron un plan para beneficiar al club y garantizar a toda costa que la concesión siguiera en sus manos. La juez desmontó los argumentos que enmascararon el fraude a través de los beneficios de la náutica social y deportiva.
El fiscal dibuja presiones y tensiones ejercidas sobre dos consejeros críticos en el Consejo de Administración de la APB, así como el uso de las influencias de Gual en Puertos del Estado y de Ripoll, en la Abogacía del Estado. De hecho, el director del puerto de Ibiza fue relevado por no sumarse a la operación salvem es club.
Presiones
Estas maniobras provocaron reuniones tensas dentro de la entidad y, según la acusación pública, se ejercieron presiones para que los consejeros disidentes fueran reemplazados en sus cargos, maniobras que afectaban a los dos concursos bajo sospecha.
El Ministerio Público presenta acusaciones no solo contra Gual y Ripoll, sino también contra otros miembros clave de la APB. También pide penas de cárcel para Juan Carlos Plaza, director de la APB, para quien exige una condena de cuatro años; la misma pena que al jefe de explotación, Armando Parada, y al jefe del área de gestión, Fernando Berenguer.
El resto de los acusados son los empresarios implicados en la adjudicación del puerto de Mahón, cuyo quebranto está cifrado en 160.000 euros.
Cinco piezas más
Se trata de las dos primeras causas del caso puertos en ser calificadas cuyas ramificaciones afectan a siete piezas más, dos de las cuales ya fueron archivadas (Formentera y Astilleros): adjudicación de la tienda duty free de Palma; filtraciones antes de los concursos; adjudicación de un silo para cemento en el puerto de Alcudia; cohecho de Torella en los cobros de una empresa de catering; y posibles contrapartidas para Dolores Ripoll a través de su marido.
