O Rafa Ruiz no ha leído bien la acusación que recae sobre su persona en el caso puertos o intenta desviar la atención y llevarla a un plano que nada tiene que ver con lo que refleja la minuciosa investigación que ha llevado adelante la jueza de instrucción Martina Mora, que ha develado el “traje a medida” elaborado deliberadamente con maniobras ilegales y decisiones injustas de la cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para seguir favoreciendo al Club Náutico de Ibiza.
Esta segunda opción es la que parece explorar el ex alcalde de Ibiza y actual concejal del PSOE, quien está a la espera de saber si se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio oral para rendir cuentas por sus actuaciones en su rol de vocal del Consejo de Administración de la APB durante el proceso del “concurso de proyectos” que dio como ganador al CNI a pesar del cúmulo de irregularidades.
Durante el pleno del Ayuntamiento de Vila del pasado lunes, Ruiz se ha pronunciado por primera vez desde que se conocieron las acusaciones con una delirante explicación: “Espero no tener ninguna condena por haber defendido un puerto social que no esté lleno de megayates, como me pidió este Pleno por unanimidad”.
Cruce
La exposición de Ruiz se ha generado a partir de una moción presentada por Vox contra el ex secretario general de la Agrupación Socialista de Ibiza por sus recurrentes insultos y broncas en el pleno.
Allí, el concejal del PP, Rubén Sousa, le ha recomendado “mejor cambiar el café por una tila. Porque a veces se le nota un poco incómodo”.
En ese contexto, Sousa le dice que “a mí me sale mal ver a un alcalde como usted, fuera de su lugar. Le pido esta moción para meditar y para que se respete a usted mismo. Si no está cómodo, lo tiene más fácil que nunca con aplicarse el Código Ético de su partido y mostrar su dimisión” a raíz de la investigación del ‘caso puertos’.
Del otro lado del recinto, Ruiz le ha respondido que “no tenía ninguna duda que usted me iba a sacar el Código Ético, no pasa nada. Yo estoy súper tranquilo, no tengo ningún problema, estoy encantado de seguir siendo concejal de esta Corporación”.
Mientras se defendía afirmando que nunca “les he llamado ladrones a ustedes” del PP, ha planteado que espera “no tener ninguna condena por haber defendido un puerto social que no esté lleno de megayates, como me pidió este pleno por unanimidad. Pero ustedes sí que tienen condenas como partido, que son condenas”.
Tal como avanzó La Voz de Ibiza, el Código Ético y de Conducta del PSOE establece que “deberá solicitar la baja voluntaria como afiliado y dimitir de su cargo” cuando se dicte el auto de apertura del juicio oral.
La “tapadera social”
En la instrucción, la jueza ha desmontado esta “tapadera” del dividendo social que, en teoría, ofrecía el Club Náutico Ibiza. Es que, tal como ha quedado documentado en el auto, sus tarifas eran más altas que la de sus competidores.
Ese supuesto “dividendo social” que brindaba el proyecto del CIN ha sido, para la jueza, “una tapadera para garantizar la continuidad de un concreto interés particular”, en este caso del Club Náutico.
Para la jueza, “todas las acciones desplegadas no lo eran para preservar que esa parte del dominio público fuera ocupada por una entidad con fines deportivos y sociales y con precios asequibles para el ciudadano de la isla sino que lo eran exclusivamente para preservar la continuidad de esta concreta entidad, el Club Náutico de Ibiza, y no otra”.
Esto se sustenta con un dato irrefutable: el CNI obtuvo la mayor valoración de las tarifas de la Comisión Técnica a pesar de presentar tarifas más altas que, por ejemplo, el Club Deportivo Básico Doce Millas.
“Siendo las tarifas reales ofrecidas por el CNI superiores a las ofrecidas por el CDBDM, no se estaría cumpliendo tampoco la supuesta finalidad indicada en la propuesta de aprobación de los criterios de priorización de renunciar la APB a percibir una mejora de tasa a cambio de conseguir un ‘dividendo social’ a través de tarifas más baratas para el ciudadano”, concluye la jueza.
Cinismo
Durante los 8 años de mandato de Rafa Ruiz, se ha elaborado el Plan Especial del puerto de Ibiza que actualmente heredó el alcalde Rafa Triguero y que se encuentra en etapa de alegaciones.
Este plan incluye la explotación de los amarres para megayates en la dársena de Levante. A pesar que la adjudicación a YSM Marina y Puertos de España S.L. se dio en la legislatura anterior a Ruiz, el representante socialista nada hizo para modificar en el proyecto esa dársena de megayates en la Marina de Botafoc, donde podrían caber varios centenares de embarcaciones de náutica social e incluso gestionadas por la APB como sucede en el puerto de Mahón.
Además, a lo largo de los años ha presumido sobre la integración entre puerto-ciudad y de una excelente relación con la APB y, especialmente con Joan Gual de Torrella, uno de los principales acusados del ‘caso puertos’.
Penas
Ruiz podría recibir la pena de “inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público y del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 15 años por el delito continuado de prevaricación administrativa” y la “pena de prisión de 3 años e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 8 años por el delito de fraude”.
