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Baleares recibirá 4,8 millones de euros para la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven en 2024

En la anterior convocatoria, alrededor de 1.400 jóvenes de Baleares se beneficiaron de estas ayudas

Baleares recibirá 4,8 millones de euros para la convocatoria del Bono Alquiler Joven 2024
Reunión de la Conferencia sectorial de Vivienda y Agenda Urbana.

El Govern Balear ha confirmado que Baleares recibirá 4,8 millones de euros para la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven 2024, una ayuda destinada a jóvenes de hasta 35 años que sean titulares de contratos de alquiler de vivienda permanente.

Esta convocatoria, cuya apertura está prevista para el primer trimestre del próximo año, se financiará con recursos estatales asignados en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que participó el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés.

El programa del Bono Alquiler Joven, que ya se ha aplicado en las islas durante los años 2022 y 2023, ofrece ayudas de hasta 250 euros mensuales durante dos años para jóvenes con alquileres de hasta 900 euros.

En la anterior convocatoria, alrededor de 1.400 jóvenes de Baleares se beneficiaron de estas ayudas, con un desembolso total de 6,5 millones de euros. Con esta nueva asignación, el Govern podrá mantener el apoyo a los jóvenes que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda en un mercado inmobiliario tensionado como el balear.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad ha subrayado la importancia de estas ayudas en un contexto de gran demanda por parte de los jóvenes residentes en Baleares.

Según ha explicado, la ayuda está diseñada para facilitar el acceso a una vivienda en alquiler en un mercado en el que los precios se han disparado en los últimos años, afectando especialmente a los jóvenes que intentan independizarse.

Nuevo Plan Estatal de Vivienda

En paralelo, la reunión de la Conferencia Sectorial también abordó el nuevo Plan Estatal de Vivienda.

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El Govern, junto con otras comunidades autónomas, expresó su rechazo a la propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de condicionar la financiación estatal a la aplicación de medidas incluidas en la Ley estatal de Vivienda, como la declaración de zonas tensionadas.

Desde el Govern se ha insistido en que estas medidas no son de obligado cumplimiento y que el Ejecutivo central tiene la obligación de repartir los recursos de manera equitativa entre todas las comunidades, sin imponer condiciones ideológicas.

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