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INTRUSISMO

El Gobierno ignora a Ibiza en la lucha contra el alquiler turístico ilegal

El reglamento establecido por la Unión Europea que regula los derechos y obligaciones de plataformas como Airbnb o Booking no se ha puesto en marcha en España ya que el Gobierno central sigue sin facultar al organismo público que debe encargarse de la supervisión.
alquiler turistico
Controles contra el alquiler turístico ilegal.

Lo que tenía que ser un cerco al alquiler turístico ilegal en Ibiza, se ha transformado en una traba más para luchar contra el intrusismo. Es que el Gobierno central ignora los esfuerzos contra esta problemática al no aplicar el nuevo Reglamento de Servicios Digitales aprobado por la Unión Europea que regula los derechos y obligaciones de plataformas como Airbnb y Booking sobre sus anuncios publicados.

Según establece la normativa europea, “los Estados miembros deben designar al menos a una autoridad que se encargue de supervisar su aplicación y ejecutar el presente Reglamento”, a fin de garantizar una supervisión y ejecución adecuadas de las obligaciones establecidas.

Además, “todas las autoridades competentes deben contribuir a la consecución de los objetivos del presente Reglamento, a saber, el correcto funcionamiento del mercado interior de servicios intermediarios en el que las normas armonizadas para un entorno en línea seguro, predecible y fiable establecidas que facilite la innovación, y en particular, las obligaciones de diligencia debida aplicables a las diferentes categorías de prestadores de servicios intermediarios, se supervisen y apliquen realmente con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales amparados por la Carta, incluido el principio de protección de los consumidores”.

En el caso de España,  se ha determinado que esta función sería tarea de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, el Gobierno central sigue sin facultar al organismo público que debe encargarse de la supervisión.

De esta forma, este paso, que parecía sumamente relevante en destinos turísticos como Ibiza, donde la falta de regulación ha sido un desafío constante, se ha transformado en un bulo más en la lucha contra el intrusismo.

A fines de julio, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no facultar adecuadamente a la CNMC para hacer cumplir la nueva Ley europea de Servicios Digitales.

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El inicio de un expediente sancionador supone que Bruselas dio un plazo de dos meses a las autoridades nacionales para abordar las deficiencias detectadas y comunicar las medidas que tomará para corregirlas.

El Reglamento

El Reglamento UE 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales o Reglamento de Servicios Digitales sustituye la directiva europea de servicio digitales y regula derechos y obligaciones de las plataformas como Airbnb y Booking respecto a los anuncios que son publicados. 

Según ha avanzado La Voz de Ibiza, las plataformas no son responsables de que el contenido del anuncio sea lícito, pero sí de cooperar con las autoridades nacionales en la lucha contra el fraude exigiendo mayor información al anunciante, facilitándola a la autoridad y retirando el anuncio de forma cautelar ante un primer requerimiento y sin necesidad de abrir un expediente.

Al tratarse de un reglamento es de aplicación inmediata en todos los estados miembros.

«El reglamento fija unas normas que son de sentido común pero que hasta ahora carecíamos de ellas por sorprendente que parezca. Fija un procedimiento común para todos los jugadores en todos los países miembros, exonera a las plataformas de la responsabilidad de comprobar la veracidad de los anuncios y de la labor de control porque no son policías pero las obliga a pedir un mínimo de datos al anunciante, a retirar los anuncios de forma cautelar a petición de cualquier autoridad competente en la materia y a compartir los datos de que disponga», han explicado a La Voz de Ibiza fuentes de la Secretaria de Estado de Turismo.

A efectos prácticos, «Airbnb o cualquier plataforma que preste servicio en la Unión Europea por pequeña que sea» pasa a estar obligada a exigir «un mínimo de rigor» a los datos aportados por el anunciante. «Ha de exigir nombre, apellidos, número de identificación, datos de pago», explican.

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Por eso, si los inspectores de Turismo del Consell de Ibiza ven un anuncio sospechoso de ser ilegal, bien porque la actividad está prohibida, como es el caso de los edificios plurifamiliares en toda la isla, bien porque carece del número del registro de la Estancia Turística o bien porque el número aportado no se corresponde con el anuncio, ya sea porque se lo ha inventado el anunciante o está utilizando otro número legal para aparentar disponer de licencia, disponen de un canal de comunicación reglado para comunicarse con la plataforma.

Esa función intermediaria debiera cumplirla la CNMC, algo que de momento no está sucediendo.

Sin respuestas

Ante la designación de la CNMC como Coordinadora de Servicios Digitales, el Consell de Ibiza ha enviado una nota para establecer una reunión con el fin de discutir estrategias de acción contra el intrusismo y mantener un canal de diálogo abierto.

Sin embargo, esta nota nunca fue respondida, según ha manifestado el  conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, al Diario de Ibiza.

Por eso, el Consell de Ibiza ha decidido saltar la intermediación española y denunciar directamente ante la plataforma Airbnb que se encuentran publicados 269 alquileres turísticos ilegales y pide que se proceda “a su retirada”, según ha consignado esta mañana Diario de Ibiza.

La madre de todos los problemas

En una entrevista con La Voz de Ibiza,  el presidente del Fomento del Turismo de IbizaAlejandro Sancho, ha manifestado que “el alquiler ilegal genera el 90% de los problemas que tenemos actualmente”.

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En referencia al incremento anunciado por el Govern a la ecotasa, ha manifestado que “hace tiempo que en los discursos se viene diciendo que es momento de ser valientes. Y esta no es la valentía que esperamos, ya que pagan justos por pecadores con esta medida. Todo el mundo tiene claro que el desequilibrio que hay actualmente y que no hay que negar viene de la oferta no reglada. Así que hay que ser valientes en legislar y en atacar directamente el foco del 90% de los problemas que tenemos actualmente”.

En tanto, Vicent Roselló Ribas, el nuevo secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), en una entrevista publicada esta mañana en La Voz de Ibiza, ha manifestado que “con voluntad política se podría hacer más”.

De todas formas, dijo que “las competencias en materia de turismo en las Baleares están en manos de cada Consell Insular. El Govern sí puede hacer modificaciones legislativas y el Estado, también, pero no hay las mismas necesidades en cada zona, por tanto cada comunidad es soberana para tomar las medidas que considere oportunas”.

“Seguramente, a nivel tributario, un mayor control de los ingresos que se perciben ayudaría. Pero consideramos que lo que hace más falta para poder controlar todas estas cuestiones normativas, es más gente, más recursos. Las normas, si alguien no las ejecuta, no sirven para nada. Deberían poner más técnicos, más administrativos, etcétera, para poder atacar el problema. Retoques normativos que realmente se puedan ejecutar”, ha afirmado el socialista.

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