El Parlament balear se prepara para votar antes de que termine octubre la nueva ley que busca regular la entrada de vehículos en Ibiza, una medida orientada a mitigar la saturación del tráfico.
La normativa ha generado un consenso amplio entre las formaciones políticas, salvo la oposición de Vox, y se perfila como un paso clave para afrontar la creciente presión sobre la movilidad y el medioambiente.
Esta regulación, que ha sido discutida ampliamente en comisiones, prevé que las primeras limitaciones se comiencen a aplicar a partir de la temporada de verano de 2025. La gestión de estas restricciones estará en manos del Consell Insular de Ibiza hasta que se establezca el Consorcio de Movilidad, la entidad encargada de gestionar de forma integral la entrada de vehículos y aplicar las sanciones correspondientes.
Aunque la intención es tener la normativa en vigor para la temporada de verano de 2025, se anticipa que algunos aspectos más complejos podrían requerir más tiempo para estar plenamente operativos.
Últimas modificaciones
En las últimas semanas, el texto de la ley ha sido objeto de modificaciones en busca de mayor claridad y seguridad jurídica. Se ha sustituido el término «prohibición de circulación» por «limitación temporal de la afluencia de vehículos«, evitando así conflictos legales que podrían surgir basándose en sentencias previas del Tribunal Supremo.
Esta reformulación refleja un enfoque más flexible que permitirá gestionar de forma estacional la entrada de vehículos, adaptándose a las necesidades puntuales de la isla durante los meses de mayor demanda turística.
Entre las novedades más destacadas se encuentra la obligación de las navieras de cobrar una tasa a los vehículos que ingresen a la isla, así como de reportar las matrículas en tiempo real a través de una plataforma digital que se desarrollará para este propósito.
Además, las caravanas y autocaravanas deberán contar con reservas previas en campings autorizados para poder desembarcar en Ibiza, en un intento de controlar el impacto que este tipo de turismo genera en la infraestructura local.
Aunque el diseño del consorcio que gestionará la normativa avanza, la creación de la infraestructura necesaria plantea desafíos logísticos importantes. La instalación de cámaras de control en los puntos de acceso y la conexión de los diferentes actores a la plataforma digital que centralizará la información son procesos que requieren tiempo y coordinación.
Las primeras licitaciones deberán realizarse en los próximos meses para garantizar que las herramientas estén operativas a tiempo, aunque varios expertos advierten que los plazos podrían extenderse más allá de 2025.
Mientras se trabaja en estos desarrollos, el Consell Insular de Ibiza será el encargado de definir las primeras restricciones y fijar un límite máximo de vehículos permitidos en la isla.
Debate final
El debate final en el Parlament balear definirá si se aprueban las últimas enmiendas pendientes y dará el visto bueno al texto definitivo. El consenso logrado entre las principales formaciones políticas refleja la urgencia de abordar la saturación del tráfico en Ibiza, que en los últimos años ha visto incrementos significativos en la cantidad de vehículos durante los meses de verano.
El objetivo de esta normativa no es solo reducir la masificación, sino también garantizar que los ingresos generados por las tasas y sanciones queden bajo control de las autoridades locales, reforzando así la autonomía en la gestión de los recursos y del territorio insular.
