Sa Unió llevará al próximo Pleno del Consell de Formentera, el 31 de octubre, una propuesta para que la institución insular renuncie a la gestión de los menores no acompañados y devuelva esas competencias al Govern balear.
La coalición, integrada por el Partido Popular y Compromís con Formentera, argumenta que la isla carece de los recursos económicos, humanos e infraestructuras necesarias para atender adecuadamente esta situación.
Crisis y falta de recursos
Formentera se ha visto especialmente afectada por el aumento de la llegada de inmigrantes, situándose en la ruta de las mafias que organizan estos desplazamientos desde el norte de África.
El incremento exponencial de menores no acompañados ha desbordado la capacidad de acogida de la isla. En este momento, el Consell se hace cargo de 87 menores no acompañados, de un total de 101 menores tutelados, muchos de los cuales han llegado desde Argelia en lo que va de 2024.
Como medida provisional, el Consell ha tenido que alojar a ocho menores en la Casa de Colonias, una instalación que no está diseñada para este tipo de acogida. Según los datos aportados, solo este año han llegado a Formentera 1.772 personas en 111 pateras, entre ellas decenas de menores.
Solicitud de aplicación de la Ley de Consells
Sa Unió reclama que se aplique el artículo 135 de la Ley 4/2022 de Consells Insulars, que permite renunciar a competencias por acuerdo plenario con mayoría absoluta. La propuesta pide que, tras la aprobación del Pleno, se comunique la renuncia al Govern y al Parlament balear para que se gestionen los traspasos de servicios en un plazo de cuatro meses.
La coalición subraya que en Canarias, en una situación similar, la gestión de estos menores corresponde al Gobierno autonómico y no a los cabildos insulares.
Críticas a la gestión actual
Sa Unió ha cuestionado la falta de acción del presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, quien, en un pleno anterior, se mostró partidario de devolver las competencias.
La coalición insiste en que nunca debieron asumirse estas responsabilidades sin un plan adecuado ni los recursos suficientes para garantizar el bienestar de los menores y de la comunidad.