El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha reaccionado este martes con tranquilidad ante la denuncia presentada por la Comisión de Ética y Buen Gobierno por un supuesto delito de malversación de fondos públicos.
Córdoba, quien también es diputado, ha acusado a la Comisión de actuar con mala fe, sosteniendo que esta denuncia forma parte de un intento deliberado por desplazarlo de su cargo.
La denuncia presentada ante la Fiscalía sostiene que Córdoba habría empleado a un letrado del Consell para la elaboración de unas alegaciones presentadas el pasado 17 de octubre, un uso que, según la Comisión, se realizó con fines personales.
El documento en cuestión solicitaba la recusación de dos de los cinco miembros de la Comisión, así como la paralización del proceso hasta que se emitiese un nuevo informe. La Comisión ha señalado que los servicios de los letrados del Consell están destinados únicamente a la defensa jurídica de la institución, no de sus miembros individuales.
Córdoba denuncia filtraciones y defiende su actuación
En sus declaraciones, Córdoba ha expresado su molestia por la filtración del informe, que, según él, debería haberse presentado en el pleno antes de ser divulgado. “Es un movimiento más de quienes buscan expulsarme”, señaló, lamentando que estos ataques ya no solo provienen de figuras políticas, sino también de otros actores que no forman parte del ámbito institucional.
Córdoba insistió en que su solicitud de paralizar la redacción del informe no fue atendida, y en su lugar, la Comisión optó por filtrar el documento a medios de comunicación.
La denuncia fue avanzada por Ràdio Illa Formentera, que informó que la Fiscalía Anticorrupción ya ha recibido las pruebas, incluyendo metadatos del documento que demostrarían su uso indebido.
La Comisión de Ética sostiene que la actuación de Córdoba es una violación del Código Ético, ya que los servicios legales del Consell no deberían ser utilizados con fines personales. La denuncia remarca que “resultaría contradictorio” permitir que los letrados del Consell defiendan intereses privados, en un contexto en el que deben velar por la institución.