El Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza han unido fuerzas para reforzar la lucha contra el alquiler turístico ilegal en el municipio. La colaboración tiene como objetivo aplicar sanciones más severas y tramitar expedientes con mayor rapidez, coordinando así las acciones entre ambas administraciones.
Colaboración para duplicar sanciones y agilizar expedientes
A partir de un protocolo de cooperación firmado en julio por las administraciones de la isla, el Consell y los ayuntamientos de Ibiza han comenzado a compartir información y denuncias para hacer frente a las infracciones de alquiler turístico sin licencia.
Este convenio establece que las policías locales puedan trabajar con nuevos mecanismos que faciliten la detección y el control de estos casos, promoviendo la apertura de expedientes sancionadores efectivos.
En una reciente reunión entre el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, y el primer teniente de alcalde de Santa Eulària, Miguel Rubio, se acordó intercambiar actas de denuncia, totalizando 35 expedientes sobre posibles infracciones de alquiler turístico ilegal en el municipio. Este cruce de datos busca, según las instituciones, poner las sanciones más altas y hacerlas efectivas en menos tiempo.
Elevadas sanciones y control a nivel local
Santa Eulària ya ha iniciado seis expedientes sancionadores contra propietarios que han utilizado sus viviendas para el alquiler turístico sin contar con la licencia correspondiente, con sanciones que oscilan entre los 113.000 y los 350.000 euros.
Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza ha impuesto recientemente dos multas que superan los 800.000 euros cada una por alquileres ilegales.
Mariano Juan subraya que la colaboración entre los municipios y el Consell es “fundamental”, resaltando la proximidad de la policía local como una ventaja para responder rápidamente ante denuncias y garantizar un control más eficiente en el ámbito del alquiler turístico.
Con este plan de actuación conjunta, las autoridades de la isla buscan una estrategia más eficaz en la protección del mercado de vivienda y la regulación del turismo.
