El Pleno del Parlament del Govern de Baleares, previsto para este martes, finalmente no votará el dictamen del decreto de ley de simplificación administrativa, que incluye la amnistía urbanística, tras un pedido de los grupos PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, quienes buscan un consenso con el Govern para evitar construcciones en áreas con riesgo de inundación.
El decreto en cuestión, que incorporaba 73 enmiendas ya aceptadas y dejaba otras 490 en espera, ha sido objeto de críticas por parte de los grupos de izquierda, que consideran la propuesta del Ejecutivo balear como «ineficaz e insuficiente».
Para negociar, exigen excluir del dictamen del decreto la amnistía urbanística en suelo rústico de los edificios que estén en lugares potencialmente inundables, y que éste no permita clasificar nuevo suelo urbanizable en estas zonas.
También piden que el Govern tenga predisposición a tratar la prohibición total de nuevas construcciones, incluyendo equipamientos públicos, y los cambios de uso de bajos comerciales a viviendas en zonas de riesgo de inundación.
Por su parte, el Partido Popular (PP) ha aceptado el aplazamiento con la condición de llegar a un acuerdo. «Los consensos necesitan voluntad política y tiempo, el PP tiene voluntad política y si la izquierda quiere tiempo, lo tendrá, después se verá si la izquierda tiene voluntad política para llegar a un acuerdo importante pero el Govern está de acuerdo en dar ese tiempo», declaró Marga Durán, portavoz adjunta del PP.
En cuanto a las diferencias que serán materia de discusión, Durán mencionó tres puntos a los que están «abiertos», como prohibir edificar en zonas inundables, ampliar esta limitación a infraestructuras «sensibles» como escuelas o centros de salud, o impedir la legalización de construcciones en terreno rústico ubicadas en zonas inundables.
«Todo lo que afecta a las zonas inundables está encima de la mesa, si el PP y el Govern están de acuerdo en modificar el orden del día es porque quieren trabajar con las mínimas distorsiones posibles para que no pongan en peligro un acuerdo político que pide la ciudadanía», afirmó la portavoz adjunta.
En tanto, Vox, a través de su portavoz Manuela Cañadas, apoyó la postura de impedir construcciones en estas zonas, aunque dejó claro su rechazó a los artículos relacionados con el cambio climático, incluidos en el decreto. «Nosotros no estamos por la Agenda 2030, no creemos en nada de esto», subrayó Cañadas.
Una ventana de tiempo para negociar
Pese a la postergación, los grupos aprovecharán la sesión de este martes para preguntar a la presidenta Marga Prohens y a la consellera de Presidencia Antònia Maria Estrellas sobre las acciones para evitar el desarrollo urbanístico en zonas de alto riesgo de inundación.
La búsqueda de un consenso al respecto se ha convertido en un tema prioritario, especialmente tras los recientes desastres naturales en otras regiones, como la DANA en Valencia, que dejaron entrever la necesidad de mayor previsibilidad a la hora de construir en áreas vulnerables.
Este aplazamiento de la votación otorga al Govern y a los grupos opositores una ventana de tiempo adicional para revisar y ajustar el decreto, en busca de un texto que represente un equilibrio entre simplificación administrativa y protección del territorio balear.
