El caso del desalojo del asentamiento ilegal de Can Rova, llevado a cabo en julio, ha dado un giro inesperado tras la presentación de denuncias por parte de varias personas afectadas.
Estas acusan a los efectivos policiales de irregularidades en el operativo, aumentando la polémica sobre un problema que sigue marcando la agenda social en Ibiza.
Fuentes del Ayuntamiento de Santa Eulària aseguran que los procedimientos legales fueron seguidos rigurosamente durante el desalojo, que tuvo lugar en cumplimiento de una sentencia judicial.
«Si se ha presentado una denuncia, será el juez quien decida», señalaron, subrayando que no emitirán más declaraciones mientras el proceso judicial sigue su curso.
El desalojo, ejecutado el 31 de julio, respondió a la demanda de los copropietarios del solar, quienes denunciaron la ocupación de su terreno. Más de 170 personas fueron desalojadas, destapando además una red de explotación que cobraba hasta 700 euros al mes por residir en el lugar.
El Ayuntamiento y el Govern Balear han multado al comercializador con sanciones que superan los 3,3 millones de euros.
Impacto social y reubicaciones
Tras el operativo, varias de las personas afectadas se desplazaron a otro solar privado cercano, generando un nuevo foco de conflicto. La situación pone de relieve la falta de recursos y soluciones habitacionales en la isla, mientras las autoridades intentan gestionar la creciente presión social derivada de la ocupación ilegal.
El Ayuntamiento defiende que el objetivo del desalojo fue frenar una actividad ilegal y garantizar los derechos de los propietarios, pero el malestar de los afectados y las recientes denuncias evidencian un problema más profundo, relacionado con la crisis de vivienda en Ibiza.
La resolución de este caso no solo determinará el futuro de las denuncias, sino que podría sentar precedentes para futuros operativos similares en la isla.
