Las okupaciones de viviendas en Baleares han crecido de forma alarmante en la última década, duplicando su incidencia desde 2013. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, el número de casos conocidos pasó de 193 en 2013 a 407 en 2023, un incremento que sitúa a la región entre las más afectadas por este fenómeno.
El auge de las okupaciones alcanzó su pico en 2021, cuando se registraron 509 incidentes por allanamiento o usurpación de inmuebles. Desde entonces, se ha observado una ligera disminución, con 417 casos en 2022 y 407 en 2023, lo que genera un tenue optimismo, aunque los expertos advierten que aún es pronto para hablar de un cambio de tendencia.
El Ministerio distingue entre allanamiento de morada, que atenta contra la inviolabilidad del domicilio, y usurpación, que afecta la propiedad de inmuebles no habitados. Esta diferencia legal es crucial para entender el alcance del problema y las medidas que se están implementando para afrontarlo.
Identificaciones y resoluciones
De los 407 casos reportados en 2023, las autoridades lograron identificar al presunto autor en 232 ocasiones, lo que representa algo más del 50%. Este dato refleja avances significativos en comparación con años anteriores, aunque la proporción de casos resueltos ha disminuido respecto a 2013, cuando se identificó al autor en el 60% de los casos.
Los detenidos e investigados también han disminuido con los años. Mientras en 2013 hubo 124 personas investigadas por okupación, en 2023 la cifra bajó a 107, un dato que contrasta con el aumento en la incidencia general del problema.
Una solución legal en camino
En respuesta a esta situación, el Gobierno ha impulsado cambios normativos destinados a agilizar los procesos legales relacionados con la okupación. En 2024 entrará en vigor una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitirá tramitar los delitos de usurpación y allanamiento en procedimientos abreviados. Esto reducirá el tiempo de resolución a siete u ocho días, un avance que podría transformar la manera en que se gestionan estos casos en el futuro.
Un problema nacional con impacto local
La okupación no es exclusiva de Baleares. En todo el país, los casos conocidos se han duplicado en una década, pasando de 7.739 en 2013 a 15.289 en 2023. Sin embargo, la incidencia en las islas refleja un desafío particular, que afecta tanto a residentes como a propietarios de segundas viviendas.
