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CRISIS EN FORMENTERA

Los grupos opositores exigen ejercer acciones legales contra Córdoba por sus declaraciones contra la Comisión de Ética

Sa Unió, GxF y PSOE presentan una iniciativa en conjunto “en defensa del prestigio y buen nombre de los miembros” de la Comisión de Código Ético y Buen Gobierno.
Cordoba
Llorenç Córdoba, presidente del Consell de Formentera

A pocos días de cumplirse un año del inicio de la crisis política e institucional, Formentera se enfrenta a un nuevo episodio de tensión tras la presentación de una propuesta conjunta por parte de los grupos opositores Sa Unió, Gent per Formentera y PSOE: la iniciativa, que será debatida en el próximo pleno del Consell, solicita emprender acciones legales, incluidas las de ámbito penal, contra el presidente Llorenç Córdoba, “en defensa del prestigio y buen nombre de los miembros” de la Comisión de Código Ético y Buen Gobierno.

Además, establece “proveer los recursos necesarios para contratar servicios jurídicos externos, con el fin de llevar a cabo las acciones mencionadas”.

Los grupos opositores se han pronunciado en “defensa del prestigio y buen nombre de los miembros de la Comisión de Ética y Buen Gobierno del Consell Insular de Formentera”.

En tal sentido, acusan a Córdoba de injuriar y desprestigiar a los integrantes a partir de diferentes declaraciones periodísticas recogidas.

Según el texto presentado, el presidente calificó a la Comisión de Ética como un «escuadrón de fusilamiento«. Además de acusar a la Comisión de parcialidad, señaló que su informe sobre la crisis institucional del Consell era una «excusa para justificar una moción de censura» y lo calificó como un «teatrillo«.

Los grupos firmantes no podemos permitir las declaraciones injuriosas y ofensivas del presidente del Consell Insular contra la actuación de la Comisión, una comisión que forma parte de este Consell Insular”, han apuntado.

La propuesta es a pedido de la Comisión, al considerar que Córdoba ha vulnerado al Código Ético y de Buen Gobierno del Consell Insular, que exige respeto institucional y prohíbe descalificaciones personales. Asimismo, se subraya que las declaraciones del presidente afectan no solo la reputación de los miembros de la Comisión, sino también la del propio Consell Insular.

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Por eso, la Comisión, de manera expresa, “solicita al Pleno del Consell Insular que, en la medida en que tales actuaciones perjudican a la más alta institución insular (en la cual se integra la Comisión), promueva el ejercicio de las acciones jurídicas que correspondan contra su autor, incluso en el ámbito penal, sin perjuicio de las que, a título personal, puedan corresponder a los integrantes de la Comisión de manera individual”.

La defensa de la Comisión de Ética

En el documento, la Comisión de Ética defiende su actuación como imparcial y apegada a las normas establecidas.

Afirma que trabajó de manera constante desde septiembre para analizar la crisis institucional del Consell y elaborar un informe, aprobado el 2 de octubre y entregado formalmente al secretario del Consell. Sin embargo, este informe no ha sido presentado al pleno debido a la negativa del presidente.

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