El Partido Popular de Baleares ha reconocido públicamente el error cometido este martes en el Parlament, donde sus diputados aprobaron por equivocación un bloque de enmiendas presentadas por Vox.
Estas medidas incluían la eliminación del requisito del catalán en la Función Pública y en el sistema educativo, así como la autorización para construir en Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI).
El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha lamentado lo ocurrido y ha asegurado que no tendrá impacto legal, ya que el Govern aprobará un decreto ley que rectifique las votaciones antes de que las medidas entren en vigor.
Según Sagreras, «el texto votado ayer no está en vigor mientras no se publique en el BOIB», lo que deja margen para realizar la corrección.
El compromiso de rectificación
Desde el Govern, el vicepresidente Antoni Costa ha reafirmado que el decreto ley será una prioridad para subsanar cualquier posible impacto derivado de este error. «El PP es un partido que, cuando se equivoca, lo reconoce, pide disculpas y corrige», ha declarado Sagreras, destacando la importancia de la Ley de Simplificación Administrativa, que fue aprobada en el mismo pleno.
Sin embargo, el portavoz admitió que la aprobación de esta ley, clave para reducir la burocracia en las Islas Baleares, quedó empañada por la equivocación en la votación.
La oposición carga contra el PP
La oposición no tardó en reaccionar. Representantes del PSIB, Més per Mallorca y Podemos han calificado lo sucedido como una «catástrofe legislativa». El portavoz de Més, Lluís Apesteguia, ha sido especialmente crítico, señalando que lo ocurrido demuestra una falta de coordinación dentro del partido gobernante. «Es un desbarajuste legal inédito en nuestra comunidad», afirmó.
Los partidos de la oposición han solicitado una reunión urgente con la presidenta del Govern, Marga Prohens, para abordar lo sucedido y exigir explicaciones.
Además de corregir las enmiendas aprobadas por error, el Govern ha anunciado la aprobación de un decreto ley adicional que prohibirá la construcción en zonas de riesgo y permitirá actuar en viviendas fuera de ordenación para mejorar su seguridad.
