MERCADO INMOBILIARIO

Cerco al alquiler turístico en Ibiza: descubre los cambios en la LAU y el nuevo decreto del Gobierno

La modificación de la LAU que combate el alquiler fraudulento de temporada y de habitaciones vuelve al Congreso tras ser vetada por Junts y el Gobierno apura el decreto que obligará a las plataformas a exigir el nuevo número de identificación obligatorio para cada inmueble o habitación
Inspecciones contra el alquiler turístico ilegal en Ibiza.
Inspecciones contra el alquiler turístico ilegal en Ibiza.

El Congreso de los Diputados retomará esta semana el debate sobre la propuesta de ley presentada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para frenar el uso fraudulento de contratos de alquiler temporal y de habitaciones, modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Junts, que impidió su tramitación hace tres meses, ahora apoya el texto tras acordar cambios técnicos. El PSOE también ha confirmado su respaldo.

La normativa propone que los contratos temporales de más de nueve meses o que encadenen dos renovaciones consecutivas se consideren alquileres de vivienda habitual, aplicándoles las protecciones de la LAU. Además, garantiza el respeto a legislaciones autonómicas, lo que asegura el voto favorable de formaciones como el PNV y Junts.

Control digital en la regulación del Ministerio de Vivienda

El debate parlamentario coincide con el desarrollo del decreto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que busca implementar un registro digital obligatorio para contratos temporales, turísticos y de habitaciones.

El sistema, operativo desde enero de 2025, exigirá que propietarios y plataformas incluyan un número de registro renovable anualmente. «Será un instrumento clave para combatir el fraude», señala el Ministerio.

Además, los contratos temporales deberán especificar y justificar su causa (trabajo, estudios, etc.) y los arrendadores deberán demostrarla. Las plataformas que publiquen anuncios sin el código de registro serán sancionadas.

Impacto esperado en el mercado inmobiliario

Con estas medidas, se busca combatir prácticas que esquivan los límites de precios y prórrogas obligatorias, facilitando aumentos de alquileres cada pocos meses.

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El Gobierno prevé que el decreto permita diferenciar contratos temporales legítimos de abusos encubiertos. Además, promete priorizar el acceso a viviendas de alquiler habitual, limitando el impacto de los alojamientos turísticos ilegales.

Esta normativa llega en un momento crítico para el mercado de la vivienda en España, marcado por el debate sobre la accesibilidad y el control de precios.

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