El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de 43 millones de euros destinados a cubrir los gastos derivados de la gratuidad del transporte público en Baleares durante este 2024.
La medida, que ha beneficiado a miles de ciudadanos a lo largo del año, ahora cuenta con el respaldo financiero necesario para compensar el impacto económico generado.
Según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, esta subvención se incluye en los Presupuestos Generales del Estado de 2024 y forma parte del reconocimiento del factor de insularidad, un principio de solidaridad establecido en la Constitución española. Además, el Gobierno ha autorizado una partida similar de 81 millones de euros para Canarias, con el mismo objetivo.
Compensación a los operadores de transporte
Estos fondos tienen como fin principal compensar a las administraciones y empresas gestoras del transporte colectivo terrestre en Baleares por las pérdidas de ingresos sufridas durante el año debido a la gratuidad de los servicios.
La medida no solo ha fomentado el uso del transporte público, sino que también ha reducido el impacto medioambiental al promover una movilidad más sostenible.
La gratuidad finaliza
Aunque la gratuidad del transporte público ha sido una de las políticas estrella de este año, está previsto que esta medida llegue a su fin en 2025. Desde el PSIB-PSOE han instado al Govern balear, al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma a buscar fórmulas para mantener este beneficio, alertando de que su desaparición podría reducir significativamente el número de usuarios del transporte público.
El subsidio complementa las ayudas para descuentos en abonos y títulos multiviaje, destinadas a comunidades autónomas que ya aplicaban una rebaja de al menos el 50%. En Baleares, estas subvenciones han permitido mantener el transporte público accesible y gratuito durante todo el año.
Impacto y futuro de la medida
La financiación anunciada asegura que los gastos generados por esta política no queden sin cobertura, pero abre la puerta a un futuro incierto para los usuarios del transporte público. Sin un compromiso claro para extender esta gratuidad más allá de 2024, las autoridades locales deberán decidir si priorizan esta medida como parte de sus políticas de movilidad.
