El sindicato Manos Limpias ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo solicitando investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntamente haber pedido «asesoramiento» al comisario jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática de la Policía Nacional.
Según una publicación del diario El Confidencial, difundida este jueves, el fiscal general habría realizado esta consulta tras ordenarse la recuperación de los mensajes de su teléfono móvil, investigado en un caso aún bajo secreto de sumario.
La causa, liderada por el magistrado Ángel Hurtado, busca esclarecer el contenido de los mensajes de García Ortiz, en el marco de una investigación de alto perfil cuyo contexto incluye posibles irregularidades relacionadas con su posición al frente de la Fiscalía General del Estado. El tribunal evalúa si se utilizaron prácticas indebidas para obstruir el acceso a estos datos.
¿Intento de influir en la investigación?
En su escrito, Manos Limpias sostiene que García Ortiz podría haber «prevalido de su cargo» para intentar interferir en la recuperación de pruebas cruciales. Según el sindicato, si la Policía Nacional accedió a colaborar, podría haberse cometido un delito de destrucción de pruebas y otras infracciones.
El sindicato ha solicitado al magistrado que dirija un oficio a la Policía para aclarar si se recibió algún tipo de consulta o solicitud del Ministerio Fiscal, especificando el propósito de dicho asesoramiento y las actuaciones realizadas en respuesta. Además, pide que el comisario mencionado sea citado como testigo para esclarecer su posible implicación.
Una causa en la mira
Esta controversia se enmarca en una investigación más amplia sobre el uso del teléfono móvil oficial del fiscal general, que podría contener información relevante para determinar si hubo abuso de poder o irregularidades en la gestión de la Fiscalía. Aunque los detalles específicos del caso no se han hecho públicos, la orden de recuperar los mensajes del dispositivo subraya la importancia de estos datos para las acusaciones.
Manos Limpias, conocido por ejercer la acusación popular en casos de relevancia pública, considera que este episodio podría exponer un intento de alterar el curso de la investigación, lo que agravaría las responsabilidades del fiscal general si se confirman los hechos.
Posibles implicaciones legales
Si se demuestra que García Ortiz contactó a la Policía con la intención de influir en el proceso de recuperación de los mensajes, podría enfrentarse a graves consecuencias legales, incluidas acusaciones por obstrucción a la justicia o abuso de poder.
Por el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni el comisario implicado han emitido declaraciones oficiales al respecto.
Antecedentes
El fiscal general del Estado de España, Álvaro García Ortiz, está siendo investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. La investigación se centra en la posible filtración de un correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Fiscalía. Este correo contenía información sobre una propuesta de acuerdo en la que González Amador reconocía haber cometido dos delitos fiscales, con el objetivo de evitar un juicio por fraude fiscal y otros delitos.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, testificó ante el Tribunal Supremo que preguntó a García Ortiz si él había filtrado el correo, a lo que él respondió: «Eso ahora no importa». Lastra señaló que la información filtrada solo podía provenir de la Fiscalía.
El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha citado a declarar como imputado a García Ortiz el próximo 29 de enero. Además, la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, también están siendo investigados en relación con este caso.
La investigación ha revelado que el correo electrónico filtrado tuvo su origen en la Fiscalía y fue enviado a la Presidencia del Gobierno, desde donde se habrían realizado gestiones para que se publicara en medios de comunicación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este caso como un «Watergate» y ha exigido la dimisión del fiscal general del Estado y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, argumentando que se ha utilizado la Fiscalía para atacar a un adversario político.
