La iniciativa para regularizar construcciones con irregularidades urbanísticas en suelo rústico, que comenzó como un decreto en junio de 2024 y fue transformada en ley en diciembre del mismo año, parece no haber despertado el interés esperado en Ibiza.
Según los datos del Colegio de Arquitectos de las Pitiusas, hasta ahora solo se han visado 60 proyectos en Ibiza, un número que contrasta con las expectativas generadas cuando se impulsó la medida.
De decreto a ley con flexibilidades añadidas
El marco inicial del decreto, que buscaba ofrecer una solución a décadas de irregularidades en construcciones rurales, sufrió una transformación significativa al convertirse en ley en diciembre de 2024.
Esta nueva normativa introdujo cambios diseñados para hacer más accesible el proceso de legalización, como la reducción de requisitos administrativos y la ampliación del rango de construcciones elegibles, siempre que las infracciones urbanísticas estuvieran prescritas.
La presidenta del Colegio de Arquitectos de las Pitiusas, Carmen Navas-Parejo, ha señalado, en comunicación con Radio Ibiza, que muchos propietarios en Ibiza han mostrado interés mediante estudios previos, pero el alto coste económico está frenando el avance de numerosos proyectos.
En Formentera, por otro lado, el Consell insular aún no ha aprobado la implementación de esta ley, dejando a los propietarios de esa isla fuera del alcance del proceso.
Costos y retos económicos
Regularizar una vivienda en suelo rústico no es un trámite sencillo ni económico. Los propietarios deben abonar una contraprestación económica a los ayuntamientos que oscila entre el 10 y el 15% del valor del inmueble. Además, deben asumir el pago de tasas municipales, impuestos y la inversión necesaria para adaptar la construcción a las exigencias medioambientales en eficiencia hídrica y energética.
«El proceso es complejo y costoso», explica Navas-Parejo. Esto ha llevado a que algunos propietarios abandonen sus intentos tras calcular la inversión requerida. Estas cifras, combinadas con las medidas de inspección que se prometieron al inicio del programa, generan un entorno poco atractivo para muchos afectados.
Contexto legal y político
El camino hacia la regularización también enfrenta cuestionamientos legales. Esta semana, el PSOE presentó una demanda ante el Contencioso-Administrativo, solicitando la suspensión cautelar de la ley.
El partido argumenta que la normativa podría fomentar un desarrollo descontrolado en áreas rurales, comprometiendo la sostenibilidad y el equilibrio territorial de la isla.
