La voracidad política del Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha precipitado el relevo en la cúpula de Telefónica. José María Álvarez-Pallete, presidente de la compañía desde 2016, ha sido cesado este sábado en un movimiento que evidencia el peso del Ejecutivo en las decisiones estratégicas de las grandes empresas. El consejo de administración de Telefónica ha nombrado a Marc Murtra, actual presidente de Indra y figura estrechamente vinculada al Gobierno, como nuevo presidente ejecutivo, según informó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El cambio: «adecuación» a los nuevos accionistas
En un comunicado enviado al supervisor bursátil, Telefónica justificó el cambio como una «renovación ordenada» para adaptarse a su nueva estructura accionarial, en la que destacan los movimientos recientes del Estado, a través de la SEPI, y de CriteriaCaixa, que compiten por mantener el control estratégico de la operadora. La decisión también responde a presiones de accionistas relevantes, como la saudí STC, que adquirió un 10% del capital de la compañía en 2023, generando una reconfiguración interna del consejo de administración.
El contrato de Álvarez-Pallete será resuelto con una indemnización que podría alcanzar los 20 millones de euros, según lo estipulado en los informes corporativos de Telefónica. El ya expresidente, que también lidera la GSMA, ha aceptado la decisión del consejo, recibiendo el agradecimiento unánime de sus miembros por su labor durante más de dos décadas.
Un relevo estratégico con influencia política
La SEPI, que desde mayo de 2024 controla un 10% de Telefónica, ha jugado un papel crucial en este cambio. El Gobierno no ha ocultado su intención de consolidar su influencia en empresas estratégicas, una línea que ya marcó con el nombramiento de Murtra en Indra en 2021, cuando también utilizó su poder en el capital de esa compañía. Con este nombramiento, el Ejecutivo refuerza su control en un sector clave, en un contexto de creciente presencia de inversionistas extranjeros.
El cambio en la presidencia de Telefónica refleja, además, un movimiento del Gobierno para mantener la «españolidad» de la compañía frente a la creciente presencia extranjera. CriteriaCaixa, por su parte, también ha alcanzado un 9,99% del capital de Telefónica, acercándose a la participación estatal y consolidando su posición como actor estratégico en el consejo.
Marc Murtra, el elegido del Gobierno
El nuevo presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, es una figura próxima al Ejecutivo. Ingeniero industrial y con experiencia en sectores estratégicos, Murtra lideró Indra desde 2021 bajo la propuesta del Gobierno, donde la SEPI controla un 28% del capital. Su llegada a Telefónica coincide con un contexto complejo para ambas empresas, con desafíos como la reestructuración interna de Indra y la creciente presión internacional sobre Telefónica.
Críticas políticas y reacciones empresariales
La decisión ha generado duras críticas desde la oposición, que califica este movimiento como un ejemplo más de la «injerencia del Gobierno en empresas privadas». El Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de priorizar el control político sobre la estabilidad empresarial, advirtiendo de que estos cambios pueden afectar negativamente a la percepción internacional de España como un entorno confiable para las inversiones. Por su parte, desde Vox, se ha señalado que el Ejecutivo está «convirtiendo a Telefónica en un apéndice del poder estatal».
El BBVA, uno de los principales socios financieros de Telefónica, ha expresado su «preocupación por los cambios drásticos» en la dirección de la compañía. Fuentes internas del banco han señalado que, si bien confían en la solvencia de Telefónica, esta reestructuración podría generar incertidumbre en los mercados, especialmente tras los recientes movimientos del accionariado saudí.
La UGT, sindicato históricamente ligado a los intereses laborales, también ha mostrado sorpresa y cautela ante el cambio. La organización ha emitido un comunicado en el que expresa «inquietud por las posibles implicaciones laborales» de la nueva presidencia. «Es fundamental que este relevo no afecte la estabilidad de los trabajadores ni los planes estratégicos ya establecidos», subrayó el sindicato, solicitando una reunión urgente con el nuevo presidente para aclarar la dirección futura de la empresa.
