El intento del Consell de Formentera de mantener los quioscos de playa operativos durante el periodo establecido para su desmontaje ha sido desestimado.
Según ha informado la dirección general de Costas y Litorales del Govern balear, las medidas cautelares presentadas por la institución insular han sido rechazadas, reafirmando la obligatoriedad de desmontar las instalaciones entre el 15 de enero y el 15 de febrero, tal como dicta la concesión administrativa.
Postura del Govern balear: cumplimiento de la normativa
Desde el Govern han insistido en que es imprescindible respetar las condiciones de la concesión. En caso de incumplimiento, advierten que podrían iniciarse expedientes sancionadores contra los concesionarios.
La administración autonómica ha recordado que, aunque hace unas semanas se mencionó la posibilidad de solicitar modificaciones en la concesión para flexibilizar el desmontaje, esta opción no sería aplicable antes de 2026 debido a la complejidad de los trámites, según ha informado Radio Formentera.
El Consell de Formentera había solicitado medidas cautelarísimas para evitar el desmontaje, una medida que ahora ha sido desestimada, dejando sin efecto su propuesta de mantener operativas las instalaciones durante el mes estipulado para su desmantelamiento.
La reacción de los concesionarios
Por su parte, los concesionarios afectados han manifestado su descontento, calificando el desmontaje como «imposible» en estas fechas.
Además, han señalado que están estudiando la posibilidad de interponer un recurso de reposición contra la resolución del Govern balear.
Cabe recordar que este proceso se enmarca en un contexto polémico que incluye cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad del concurso público de adjudicación de los quioscos, un asunto que ha estado bajo la lupa en los últimos meses.
Un conflicto sin resolución inmediata
La situación plantea un escenario tenso entre las diferentes partes implicadas: concesionarios, Consell de Formentera y Govern balear.
Mientras los concesionarios argumentan las dificultades logísticas y económicas que supone el desmontaje, el Govern balear mantiene su postura firme en torno al cumplimiento de las normativas.
