El Ayuntamiento de Santa Eulària llevará a pleno este mes la aprobación de la primera promoción de viviendas de alquiler a precio limitado dentro de su plan Crea Futur.
Este proyecto busca ofrecer soluciones accesibles a jóvenes, mayores y familias del municipio, al tiempo que fomenta la sostenibilidad y la integración social.
Un paso histórico en vivienda asequible
La iniciativa contempla la construcción de entre 70 y 100 viviendas en régimen de alquiler regulado, ubicadas en la calle des Gorg, en el barrio de s’Olivera de es Puig d’en Valls. Con un diseño enfocado en la sostenibilidad y accesibilidad, estas viviendas ofrecerán espacios desde los 51 hasta los 106 metros cuadrados, equipadas con baños y cocinas completas.
“La prioridad es que los ciudadanos de Santa Eulària puedan planificar su vida aquí, cerca de sus raíces y en un entorno que fomente el desarrollo personal y profesional”, destacó Carmen Ferrer, alcaldesa del municipio.
Requisitos y beneficios para los vecinos
El proyecto prioriza el acceso a jóvenes de entre 25 y 40 años, mayores de 65 años y familias con menores a cargo. Para optar a una de estas viviendas será necesario estar empadronado en Santa Eulària durante al menos 10 de los últimos 20 años, no poseer otra vivienda en España y cumplir ciertos rangos de ingresos en función del tamaño de la unidad familiar.
Con precios de alquiler que parten desde los 593 euros mensuales, este modelo se adapta a distintas realidades económicas y ofrece una solución viable en un mercado inmobiliario cada vez más complejo.
Sostenibilidad y compromiso local
Además de los criterios sociales, el proyecto busca reducir su impacto ambiental. Entre las medidas incluidas están el uso de materiales sostenibles, mejoras en eficiencia energética y la incorporación de espacios colaborativos como talleres de bicicletas y puntos de recarga para vehículos eléctricos.
El Ayuntamiento también ha establecido que al menos el 20% del presupuesto de la obra debe destinarse a proveedores locales, fomentando así la economía insular.
Un plan con visión a largo plazo
Las obras tendrán un plazo de ejecución de tres años desde su inicio y, una vez concluidas, el derecho de superficie de los terrenos será cedido durante 75 años a la empresa adjudicataria. Pasado este periodo, tanto el terreno como el edificio volverán a ser de titularidad pública.
