El Ayuntamiento de Sant Antoni ha salido al paso de las acusaciones del PSOE y ha negado que el jefe de la Policía Local colaborara con la empresa Desokupa en un desalojo llevado a cabo el pasado mes de agosto en la calle Vara de Rey.
Desde el consistorio insisten en que la actuación policial se limitó a supervisar el procedimiento para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar posibles incidentes.
Un desalojo bajo vigilancia policial
El caso salió a la luz tras la emisión de un reportaje televisivo en el que se mostraban imágenes del desalojo en el antiguo inmueble de Café del Sol, lo que llevó al PSOE de Sant Antoni a exigir el cese inmediato del jefe de la Policía Local por lo que consideran una «colaboración directa» con la empresa de desalojos Desokupa. Según el partido, la presencia del responsable policial evidencia una connivencia con «prácticas que actúan fuera del marco legal».
Sin embargo, el Ayuntamiento ha desmentido estas acusaciones y ha detallado que el pasado 21 de agosto se recibió un aviso sobre la actuación de Desokupa en el inmueble. En respuesta, se desplazaron al lugar dos patrullas junto con el jefe de la Policía Local para verificar que todo se desarrollara conforme a la normativa vigente y sin incidentes. Los agentes constataron que no se produjo ningún altercado y que tanto la empresa como las personas desalojadas aseguraron haber llegado a un acuerdo con la propiedad, mostrando un contrato firmado que reflejaba dicho pacto.
El papel de la Policía Local en el operativo
El consistorio ha insistido en que los agentes en ningún momento actuaron bajo las órdenes de Desokupa ni facilitaron su intervención. Su única función fue garantizar la seguridad y evitar posibles enfrentamientos entre las partes implicadas. «La Policía Local no estaba acompañando al responsable de Desokupa, Daniel Esteve, ni colaborando con esta empresa, sino que en todo momento estuvo actuando en el dispositivo policial para garantizar la seguridad e intervenir si fuera necesario», ha remarcado el Ayuntamiento.
Además, se ha subrayado que los ocupantes del inmueble recibieron asistencia por parte de los servicios sociales municipales, que les ofrecieron alojamiento en el centro de baja exigencia de sa Joveria. También se revisó el estado de los animales presentes en la vivienda y se gestionó su traslado a la protectora Can Dog, que se hizo cargo de ellos de forma gratuita hasta que sus dueños encontraran una solución habitacional.
Detención posterior de una de las ocupantes
Días después del desalojo, la Policía Local detuvo a una de las personas desalojadas cuando intentó volver a ocupar el inmueble. Según el consistorio, la mujer fue sorprendida tras romper una de las ventanas del local con una piedra en un intento de volver a entrar en la propiedad.
Desde el Ayuntamiento han reiterado que la Policía Local sigue siempre el mismo protocolo en este tipo de situaciones: acudir al lugar de los hechos para comprobar que no se vulneren los derechos de ninguna de las partes, evitar altercados y actuar únicamente si es necesario. En este sentido, han defendido que su actuación en el caso del antiguo Café del Sol se ajustó en todo momento a la legalidad.