Baleares contará con nuevas viviendas públicas de protección permanente dentro del plan estatal de vivienda impulsado por el Gobierno. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este jueves que la nueva empresa pública de vivienda licitará más de 1.600 inmuebles en el primer trimestre de 2025, algunos de ellos en el archipiélago (aunque no ha precisado cuántos).
Durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press, Rodríguez explicó que estas viviendas estarán repartidas por diferentes comunidades como Valencia, Cataluña, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha, además de Baleares. La iniciativa busca generar nuevos barrios y garantizar el acceso a hogares dignos.
El proyecto forma parte de la nueva empresa estatal de vivienda, que nace de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Su objetivo es gestionar la construcción y disponibilidad de viviendas públicas de forma integral, asegurando su permanencia dentro del parque público y garantizando precios asequibles.
«Ni un euro, ni un suelo, ni una vivienda que no sea para siempre pública», destacó la ministra, dejando claro que las viviendas licitadas quedarán blindadas como parte del parque estatal.
Regulación del alquiler y reforma de la Ley del Suelo
Rodríguez también adelantó que el Ejecutivo trabaja en un sistema público de garantías para inquilinos y propietarios, con el fin de ofrecer mayor seguridad en el mercado del alquiler. Además, destacó la importancia de agilizar las licencias urbanísticas, para lo cual se reunirá próximamente con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Asimismo, la próxima semana se debatirá en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley del Suelo, impulsada por el PSOE y el PNV, con el objetivo de acelerar los procedimientos urbanísticos y facilitar el acceso a la vivienda.
Más de 4.000 registros en la ventanilla única para alquileres de corta duración
La ministra también informó de que ya se han registrado más de 4.000 viviendas en la ventanilla única para alquileres de corta duración, creada para regular pisos turísticos y de temporada. La nueva normativa entrará en vigor en julio, garantizando que los inmuebles cumplan con la legislación autonómica y municipal.
Rodríguez subrayó que el objetivo del Gobierno es lograr una «alianza de país» para solucionar el problema de la vivienda y evitar que España se convierta en una sociedad «dividida entre multipropietarios ricos e inquilinos pobres».
