Se ha presentado una denuncia penal contra el Consell de Formentera y el Govern balear por parte de la familia de la niña de dos meses que falleció en un desprendimiento de rocas en Es Copinar en julio de 2024. La existencia de esta acción judicial se ha conocido justo un día después de cumplirse el primer aniversario del suceso, aunque no ha trascendido la fecha exacta de su formalización.
Según ha informado Diario de Ibiza, los padres de la menor consideran que las dos administraciones actuaron con negligencia al no cerrar ni señalizar el acceso a una zona de uso público que, según afirman, no reunía condiciones de seguridad. En el escrito se señala que Es Copinar, ubicada dentro del Parque Natural de ses Salines, era un espacio frecuentado por bañistas pese a presentar un terreno inestable. La denuncia va acompañada de un informe técnico que cuestiona la idoneidad del área para actividades recreativas y señala deficiencias estructurales en el talud de donde se desprendió la roca.
Una tragedia que conmocionó a la isla
El 18 de julio de 2024, una gran piedra cayó desde la ladera que delimita la playa de Es Copinar y alcanzó a una familia que descansaba en la arena. La bebé de dos meses resultó gravemente herida y falleció poco después en el Hospital de Formentera. Su padre sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue ingresado en estado grave. La madre, aunque ilesa físicamente, presenció el suceso.
La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer los hechos y analizó varias hipótesis. Entre ellas, la posible influencia de un camino abierto de manera irregular en la parte superior del acantilado, que podría haber alterado la estabilidad natural del terreno. También se investigaron causas geológicas derivadas de la erosión del entorno.
Sin conclusiones públicas sobre el origen del derrumbe
Tras la tragedia, el Consell de Formentera encargó un informe técnico especializado para analizar los motivos del desprendimiento y valorar posibles riesgos en otras zonas del litoral. El estudio fue asumido por una empresa externa, aunque hasta la fecha no se han hecho públicos sus resultados ni si ha derivado en medidas concretas de prevención o protección.
Pese a lo ocurrido, la zona donde se produjo el accidente ha seguido siendo accesible y no consta que se haya instalado señalización específica de advertencia, ni se ha cerrado al uso público. La denuncia presentada por la familia plantea que las instituciones responsables omitieron medidas básicas de vigilancia y control, permitiendo el acceso a una zona potencialmente peligrosa.
Con esta acción judicial, los padres buscan que se investigue si existió un fallo en la gestión del espacio natural que pudiera haber evitado la muerte de su hija. La causa penal queda ahora en manos del juzgado competente.
