El exministro de Transportes José Luis Ábalos negó este lunes ante el Tribunal Supremo haber participado en la presunta trama de amaño de contratos públicos que investiga la Guardia Civil, desligándose tanto de las adjudicaciones bajo sospecha como de su exasesor Koldo García, quien optó por guardar silencio durante su comparecencia. Ambos están señalados por un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que también apunta al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Ábalos, que compareció durante hora y media, rechazó cualquier irregularidad en la gestión de contratos mientras estuvo al frente del Ministerio, e insistió en que los audios atribuidos a él “podrían estar manipulados”, asegurando que no se reconoce en ellos y que muchos son “inteligibles”.
En un momento de la declaración, el exministro afirmó: “No tenía capacidad de influencia en las licitaciones”, y se desmarcó de cualquier tipo de comisión.
Tensión en el Supremo y acusaciones de nula colaboración
El magistrado instructor Leopoldo Puente interrumpió a Ábalos en varias ocasiones, sobre todo cuando este cuestionó la validez de los audios que forman parte del material incautado por la UCO. También le recordó que el disco duro que intentó ocultar su pareja durante un registro contenía información clave, a lo que el exministro respondió que eran archivos personales y parlamentarios.
Por su parte, Koldo García, cuya defensa solicitó por tercera vez aplazar la comparecencia, también compareció este lunes en el Palacio de las Salesas, aunque decidió acogerse a su derecho a no declarar. Su letrada argumentó no haber recibido aún copia íntegra de las actuaciones, lo que a su juicio vulnera el derecho a una defensa efectiva.
A pesar de las peticiones, el magistrado consideró que no había lugar a aplazamientos, recalcando que no corresponde al investigado organizar la agenda judicial.
Solicitan prisión para los investigados
Durante la misma jornada, se celebró una vistilla de medidas cautelares, donde la Fiscalía pidió mantener las actuales medidas impuestas a García —retirada de pasaporte, comparecencias periódicas y prohibición de salir del país—, mientras que las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, solicitaron prisión provisional tanto para él como para Ábalos.
Puente, ha acordado ratificar las medidas cautelares vigentes contra ambos acusados, pero ha descartado la petición de prisión provisional hecha por el PP.
