La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha absuelto al exalcalde de Sant Antoni de Portmany (Ibiza), José Tur (PSIB), del delito de prevaricación administrativa del que estaba acusado por paralizar en 2018 la instalación de un chiringuito en Cala Gració.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, también absuelve a la exregidora de Urbanismo, Cristina María Ribas. Durante el juicio, tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron su exoneración, mientras que la acusación particular, ejercida por la empresa afectada, pedía una pena de inhabilitación.
El fallo judicial: sin pruebas para condenar
El tribunal ha considerado que los hechos probados a lo largo del juicio oral, celebrado a inicios de febrero, no son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados y, por lo tanto, no constituyen un delito de prevaricación.
Comienza el juicio contra el exalcalde de Sant Antoni por frenar la instalación de un chiringuito
Los hechos enjuiciados se remontan a febrero de 2017, cuando la empresa denunciante solicitó a la Demarcación de Costas una autorización para ocupar un tramo del dominio público marítimo-terrestre en Cala Gració con la intención de instalar un chiringuito desmontable.
Pocos meses después, tanto el Ayuntamiento de Sant Antoni como el Govern balear informaron favorablemente sobre la solicitud, que finalmente fue concedida y ratificada en abril por la Junta de Gobierno.
Sin embargo, tras algunos trámites intermedios y las quejas de vecinos aparecidas en la prensa local, en mayo de 2018 el departamento municipal de Urbanismo dictó un decreto en el que se advertía a la empresa que no podía iniciar su actividad pese a haber recibido el permiso, ya que faltaba un certificado municipal de finalización de obras.
Según la sentencia, esta decisión se tomó para aclarar si el permiso concedido se había realizado siguiendo los trámites oportunos y con los requisitos exigidos legalmente.
Posturas enfrentadas en el juicio
Tanto la Fiscalía como la defensa argumentaron en el juicio que los acusados adoptaron esta medida basándose en informes técnicos que advertían de irregularidades en el proyecto del chiringuito y cuestionaban si realmente se ajustaba a lo autorizado.
Estos documentos, elaborados por una arquitecta y una inspectora municipal, indicaban que, entre otras cuestiones, la autorización de Costas era errónea, ya que calificaba el suelo de Cala Gració como urbano cuando en realidad es rústico protegido. Además, el proyecto presentado por la empresa no incluía la documentación técnica específica para la ejecución de obras.
La Fiscalía descarta prevaricación en la retirada del permiso del chiringuito de Cala Gració
Por su parte, la empresa denunciante alegó que estos informes fueron realizados «ad hoc» tras la alarma social y que fueron utilizados como pretexto para bloquear la instalación del chiringuito.
La acusación particular defendió que, además, se produjo una inversión de los cauces administrativos previstos en estos casos, lo que, según ellos, evidenciaba que Tur y Ribas actuaron por su «simple voluntad» y sin ajustarse al ordenamiento jurídico.
No obstante, el tribunal ha desestimado estas alegaciones y ha determinado que no se ha demostrado que los acusados actuaran con la intención de perjudicar a la empresa ni que su decisión fuera arbitraria o contraria a derecho.
Un caso con implicaciones urbanísticas y vecinales
El conflicto comenzó en 2017, cuando la empresa obtuvo el permiso de Demarcación de Costas para instalar el chiringuito en Cala Gració. Posteriormente, en abril de 2018, el Ayuntamiento de Sant Antoni concedió la autorización municipal para la ocupación del dominio público.
Sin embargo, un mes después, en mayo de 2018, el Ayuntamiento revocó el permiso, argumentando que era necesario un certificado de finalización de obras.
