La Associació de Colònies Felines d’Eivissa (A.C.F.E), entidad de protección animal registrada en Baleares, ha presentado alegaciones al borrador del Plan de Gestión Integral Felina (PGIF) de Santa Eulària des Riu dentro del periodo de información pública abierto hasta el 15 de enero. Las alegaciones se producen tras la mesa de diálogo celebrada el pasado 28 de noviembre, en la que participaron administraciones, cuerpos de seguridad, entidades ecologistas y asociaciones animalistas, según informó el Periódico de Ibiza y Formentera.
Desde A.C.F.E aseguran compartir los objetivos generales del Plan —bienestar animal, salud pública, biodiversidad y convivencia—, pero consideran que el texto actual introduce una lógica de “zonas de exclusión” y de retirada o reubicación “por defecto” de los gatos comunitarios que desnaturaliza el marco legal estatal, incrementa el riesgo de conflicto social y provoca sufrimiento animal innecesario.
Criticas al PGIF
Uno de los puntos más críticos señalados por la asociación es la contradicción con la Ley 7/2023, que prohíbe la retirada de gatos comunitarios de sus colonias salvo en supuestos excepcionales muy concretos, como enfermedad grave, animales socializados para adopción o cachorros. A.C.F.E recuerda que, cuando se pretende una retirada por motivos de biodiversidad, la normativa exige supervisión veterinaria y un informe previo y preceptivo del órgano competente de la Comunidad Autónoma que justifique la medida y planifique alternativas adecuadas.
En este sentido, la entidad solicita eliminar las declaraciones automáticas de “incompatibilidad” en las denominadas Zonas A y sustituirlas por una regla clara que priorice el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) de alta intensidad, incluso en esas áreas.
Asimismo, pide suprimir la franja rígida de 500 metros prevista en la Zona B o, al menos, sustituirla por delimitaciones caso por caso basadas en criterios técnicos como conectividad real, barreras físicas, densidad poblacional y presencia efectiva de fauna sensible. También reclaman que se incorporen de forma obligatoria medidas preventivas previas, como la adaptación del entorno y el control de accesos y de la alimentación, antes de valorar cualquier retirada o reubicación.
Más allá de estos puntos, A.C.F.E plantea una serie de mejoras de fondo para garantizar la coherencia normativa y la eficacia del PGIF. Entre ellas, destacan la necesidad de definir con claridad la terminología conforme a la ley, abordar el denominado “Síndrome de Noé” sin exclusiones automáticas, y evitar declarar zonas de exclusión en espacios urbanos sin informes técnicos específicos de la Comunidad Autónoma, especialmente cuando se alude a la Red Natura 2000.
Protección animal
La asociación también reclama una participación efectiva de las entidades de protección animal en los órganos de coordinación y supervisión del plan, así como el reconocimiento del papel de las entidades colaboradoras en el censo, el control y las capturas realizadas por personal formado. Además, proponen reforzar los protocolos frente al maltrato animal, con decomisos como medida de protección, partes veterinarios en un plazo máximo de 24 horas y una coordinación clara con la vía penal cuando existan indicios de delito.
Otros aspectos señalados incluyen la atención a emergencias y rescates, con obligación de intervención municipal y de los servicios de seguridad y salvamento, la sustitución de la retirada permanente por medidas menos lesivas y más eficaces, y la necesidad de dotar al plan de un presupuesto suficiente desde el inicio. A.C.F.E advierte de que, sin un porcentaje adecuado destinado a esterilizaciones, el PGIF no tendrá un impacto real. También piden respeto al voluntariado y a las donaciones, evitando restricciones que limiten el apoyo ciudadano a las entidades animalistas.
Desde la portavocía de la asociación han subrayado que “la Ley 7/2023 es clara: la retirada de gatos comunitarios no puede ser la respuesta estándar” y han advertido de que convertir zonas en exclusión y fomentar reubicaciones automáticas “contradice el espíritu de la norma y aumenta el sufrimiento”. Asimismo, insisten en que cualquier decisión basada en criterios de biodiversidad debe contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma y una justificación técnica real.
Como petición final, A.C.F.E solicita al Ayuntamiento de Santa Eulària que incorpore estas modificaciones al Plan y convoque una mesa técnica de seguimiento con indicadores públicos —como el censo, el porcentaje de esterilización, las incidencias y su evolución— para garantizar una gestión ética, legal y efectiva de las colonias felinas del municipio.
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