El Govern, el PP y los partidos de izquierdas han alcanzado un acuerdo definitivo que blinda las restricciones en las zonas clasificadas como inundables, una medida que impedirá tanto la realización de obras como nuevas construcciones o legalizaciones.
Según fuentes de la negociación, este consenso refleja la intención de mantener un enfoque riguroso para evitar riesgos en estas áreas.
Un consenso sin margen para flexibilizar obras
Aunque el borrador inicial del Govern no contemplaba la posibilidad de realizar obras en estas zonas, el acuerdo logrado con las fuerzas políticas reafirma esta postura, buscando prevenir potenciales daños derivados de fenómenos climáticos extremos. Las mismas fuentes han confirmado que la prohibición incluye cualquier tipo de construcción o intento de legalización de edificaciones existentes.
El decreto será uno de los puntos destacados en la reunión del Consell de Govern de este viernes y, de ser aprobado, se trasladará al Parlament para su debate y previsible convalidación. La abstención de los partidos de izquierda en el Parlament facilitará este proceso, tras el compromiso del PP de no apoyar la derogación de la ley de memoria democrática impulsada por Vox.
Un marco normativo en revisión
Además del decreto sobre zonas inundables, el Consell de Govern también aprobará un texto que corregirá las enmiendas introducidas por error durante la votación del pleno del pasado 26 de noviembre. Estas enmiendas, presentadas por Vox, habían recibido el apoyo accidental del PP, generando la necesidad de un ajuste legislativo.
El nuevo marco legal busca consolidar la seguridad jurídica en estas zonas, al tiempo que simplifica ciertos aspectos administrativos. Sin embargo, la prohibición de realizar obras sigue siendo uno de los puntos más controvertidos del texto, enfrentando críticas de propietarios que alegan la necesidad de intervenir en sus inmuebles por motivos de mantenimiento o mejora.
Con este acuerdo, el Govern reafirma su compromiso con la prevención y el desarrollo sostenible, priorizando la seguridad de las personas frente a los intereses particulares de construcción en áreas de riesgo.
