La juez que instruye la causa ha impuesto una orden de alejamiento a dos educadoras del centro Emeki-Emeki, una «escuela libre» privada de San Sebastián, tras ser denunciadas por una presunta agresión sexual a una niña de cuatro años. La medida cautelar se ha dictado después de que ambas prestaran declaración y quedaran en libertad, aunque siguen siendo investigadas en el caso, que se mantiene bajo secreto de sumario.
Detención y proceso judicial
Las detenciones de las dos docentes se produjeron el lunes por la mañana en San Sebastián y Hondarribia, donde residen. La Ertzaintza cerró temporalmente la escuela para recabar evidencias antes de trasladar a las arrestadas a comisaría, desde donde pasaron a disposición judicial.
Este martes, la jueza tomó declaración a las acusadas, quienes han negado rotundamente las acusaciones. También testificaron la víctima y su hermano menor, que actuó como testigo, en un procedimiento de prueba preconstituida con asistencia del equipo psicosocial de los juzgados.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la familia de la niña, solicitaron la orden de alejamiento, una medida que fue concedida antes de la puesta en libertad de las investigadas.
Un centro alternativo sin vinculación con Educación
El centro Emeki-Emeki, ubicado en el barrio de Aiete, opera en Villa Landetxe, un inmueble de propiedad municipal cedido al club de arte Catalina de Erauso. Se trata de una escuela privada que promueve una educación basada en la «ecología de los sistemas humanos» y la «autorregulación emocional», sin relación con el Departamento vasco de Educación, al cubrir una etapa no obligatoria de 0 a 6 años.
El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, expresó su «honda preocupación», aunque pidió «prudencia» ante un caso que sigue bajo investigación. También aseguró que el Ayuntamiento revisará las actividades que Catalina de Erauso desarrolla en el espacio cedido.
Apoyo de algunas familias y silencio del centro
Mientras tanto, los responsables del centro han rehusado hacer declaraciones, aunque una decena de familias del alumnado ha defendido la «ética y profesionalidad» del equipo docente y ha rechazado «cualquier insinuación que ponga en duda la integridad» de las educadoras investigadas.
El caso, que ha generado una fuerte conmoción en la comunidad educativa, sigue abierto y bajo secreto judicial, a la espera de nuevas diligencias que puedan esclarecer lo sucedido.
