El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb la retirada de 65.935 anuncios de viviendas turísticas publicados en su plataforma que han sido considerados ilegales.
Así lo ha comunicado este lunes el departamento que dirige Pablo Bustinduy, que considera que estos anuncios infringen la normativa vigente en varias comunidades autónomas.
La instrucción parte de la Dirección General de Consumo, que ha instado formalmente a la filial irlandesa de Airbnb a bloquear estos anuncios al considerar que vulneran la legislación autonómica sobre la publicidad de alojamientos turísticos. Según ha precisado el Ministerio, todos los anuncios detectados corresponden a viviendas completas de uso turístico, sin que se haya identificado publicidad de habitaciones individuales.
El proceso sancionador se ha desarrollado en varias fases. En los últimos meses, Consumo ha remitido hasta tres resoluciones a la empresa en las que notificaba la presencia de estos más de 65.000 anuncios considerados ilícitos y se le instaba a eliminarlos. Airbnb recurrió la medida ante la justicia para evitar su cumplimiento, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado a favor del Ministerio.
En su primer auto sobre el caso, el TSJM respalda la actuación del departamento de Bustinduy y ordena a Airbnb la retirada inmediata de 5.800 anuncios de viviendas turísticas. Estas publicaciones se localizan en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco.
El ejemplo de Ibiza
En Ibiza, esta acción se suma a los esfuerzos locales para combatir el alquiler turístico ilegal. Desde febrero, el Consell Insular y Airbnb han eliminado más de 700 anuncios irregulares, incluyendo 70 pisos y 30 caravanas. Esta colaboración ha reducido la oferta sin licencia en la isla de 2.567 en 2024 a aproximadamente 1.500 en 2025.
El Consell de Ibiza ha intensificado su lucha contra el intrusismo en el sector turístico. En marzo, se firmó un acuerdo con Airbnb para que solo se permitan anuncios con número de registro oficial. Además, se han eliminado casi todos los anuncios de caravanas y otros alojamientos no reglados.
Tres motivos por los que los anuncios son ilegales
La Dirección General de Consumo ha justificado la ilegalidad de los 65.935 anuncios en base a tres incumplimientos principales. En primer lugar, la mayoría no incluye el número de licencia o registro, un requisito obligatorio en distintas normativas autonómicas y, según Consumo, la infracción más común detectada en los anuncios analizados.
En segundo lugar, los anuncios no especifican la naturaleza jurídica del arrendador, lo que impide saber si se trata de un particular o de un profesional. Esta distinción es clave para determinar si quien contrata está protegido como consumidor o no.
Finalmente, se ha constatado que muchos anuncios incorporan números de licencia que no han sido expedidos por las autoridades competentes, lo cual, según el Ministerio, “puede inducir a error o a engaño” a los usuarios.
Compromiso para frenar el descontrol
El ministro Pablo Bustinduy ha subrayado la voluntad del Gobierno de “colaborar con las administraciones públicas competentes para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos”, al tiempo que se busca favorecer el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los consumidores.
En este sentido, el Ministerio ha anunciado que está desarrollando medidas complementarias a las que puedan impulsar otras autoridades y ha afirmado que está “redoblando su compromiso con esta causa”.
Para ello, la Unidad de Análisis de Consumo está recopilando información relevante que se pone a disposición de las administraciones competentes, además de ofrecerles asistencia técnica para que actúen contra “los miles de anuncios ilícitos detectados”.
Sanciones en curso por publicidad engañosa y malas prácticas
El expediente contra Airbnb no es la única actuación que mantiene abierta el Ministerio en esta materia. En diciembre de 2024, la Dirección General de Consumo abrió un procedimiento sancionador contra otra plataforma de alquiler turístico por posibles incumplimientos relacionados con la obligación de mostrar el número de licencia.
En febrero de 2025, se iniciaron también expedientes contra grandes gestoras de pisos turísticos por no informar adecuadamente sobre la condición jurídica de los arrendadores. Estas investigaciones continúan su curso de manera independiente a la orden de retirada dictada ahora contra Airbnb.
Además, el pasado 27 de marzo se abrió otro expediente sancionador contra una importante inmobiliaria por presuntas prácticas abusivas contra inquilinos.
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