Airbnb ha anunciado que recurrirá ante la Justicia la multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 al considerar que la sanción vulnera el marco legal español y europeo, especialmente en lo relativo a las obligaciones de control sobre los anuncios de viviendas turísticas. La compañía cuestiona que se le exijan responsabilidades que, a su juicio, no estaban en vigor cuando comenzaron las actuaciones administrativas en 2024.
La decisión de recurrir llega después de que Consumo hiciera pública la sanción, una de las mayores impuestas hasta ahora en España, y que ya fue recogida por La Voz de Ibiza en la información sobre el expediente abierto contra la plataforma por anuncios sin licencia y presunta publicidad engañosa (<a href=»https://www.lavozdeibiza.com» target=»_blank»>La Voz de Ibiza</a>).
La clave del recurso: el calendario normativo
Uno de los ejes centrales del recurso anunciado por Airbnb es el desfase temporal entre la normativa y los hechos sancionados. La empresa sostiene que la obligación de que los anuncios incluyan un número de registro solo es exigible desde el 1 de julio de 2024, fecha de entrada en vigor de la nueva regulación sobre alquileres de corta duración.
Según la plataforma, los expedientes sancionadores se iniciaron antes de que esa obligación fuera plenamente aplicable, por lo que considera que Consumo está aplicando criterios normativos con carácter retroactivo, algo que Airbnb califica de contrario al derecho europeo.
Sentencias europeas y del Supremo como respaldo
En su argumentación, Airbnb recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en 2019 que la compañía debe ser considerada un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, lo que limita sus obligaciones de supervisión sobre los contenidos publicados por terceros.
Además, la plataforma invoca una sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2022, que siguió el criterio del TJUE y estableció que la veracidad de la información de los anuncios —incluido el número de registro cuando es obligatorio— recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma que aloja el anuncio.
Airbnb subraya que este marco jurídico sigue vigente y será uno de los pilares de su defensa frente a la sanción.
Más de 70.000 anuncios regularizados, según la plataforma
La compañía también defiende que ha colaborado con el Ministerio de Vivienda desde la entrada en vigor de la nueva normativa, lo que, según sus datos, ha permitido que más de 70.000 anuncios incorporen ya un número de registro válido y continúen activos en la plataforma.
Este argumento busca reforzar la idea de que Airbnb ha adaptado su operativa a las nuevas exigencias legales, aunque insiste en que no puede ser sancionada por incumplimientos anteriores a ese marco regulatorio.
Consumo mantiene que la sanción es firme
Desde el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo se sostiene una posición radicalmente distinta. El ministro Pablo Bustinduy ha reiterado que la multa es firme y debe abonarse, con independencia de que la empresa decida acudir a los tribunales.
Consumo fundamenta la sanción en 65.122 anuncios que, según el expediente, incurrieron en prácticas comerciales desleales, como la ausencia de licencia, el uso de registros falsos o incorrectos o la falta de información clara sobre si los anfitriones actuaban como particulares o profesionales.
Un nuevo frente judicial con impacto en Ibiza
El recurso anunciado por Airbnb abre ahora un nuevo escenario judicial que podría tener especial relevancia en comunidades como Baleares, donde la presión sobre el mercado de la vivienda turística es uno de los principales debates públicos y políticos.
En Ibiza, el Consell insular y Airbnb han escenificado en 2025 una línea de colaboración específica contra la oferta no reglada, con la firma de un Memorándum de Entendimiento (MoU) para agilizar la retirada de anuncios “manifiestamente ilegales” cuando la institución los identifique. En ese marco, el Consell informó de la eliminación de cinentos deanuncios tras las notificaciones remitidas a la plataforma, dentro del Plan de Choque contra el Intrusismo.
Más allá del importe económico, el procedimiento judicial servirá para delimitar hasta dónde llegan las responsabilidades legales de las plataformas digitales en la comercialización de alojamientos turísticos, una cuestión clave para el futuro del sector en Ibiza y en el conjunto del Estado.
