Mientras el Consell de Ibiza se prepara para aplicar una normativa que endurecerá las condiciones para las caravanas a partir del 1 de junio, varios municipios de la isla ya advierten sobre el aumento de población en asentamientos informales. El más explícito ha sido el Ayuntamiento de Ibiza, que confirma que la situación se está agravando en zonas urbanas.
El alcalde, Rafael Triguero, ha señalado que “en los últimos días se está multiplicando la población en los asentamientos”, y ha anunciado un plan de intervención municipal, en coordinación con otras instituciones, para abordar esta realidad mediante desalojos ordenados. Según datos recopilados por EFE, en la ciudad ya se han identificado seis núcleos de infraviviendas y caravanas, donde residen alrededor de 400 personas de distintos perfiles.
Uno de los puntos más críticos es el aparcamiento público de Es Gorg, donde actualmente viven unas 80 caravanas, muchas de ellas habitadas por trabajadores temporales y residentes. La Policía Local ha realizado ya 22 denuncias en la zona por estacionamiento prolongado, acampada ilegal o falta de seguro, dentro de una campaña de controles iniciada a finales de abril.
Un cambio normativo con efecto inminente
Este domingo entrará en vigor la Ley de Control de Afluencia de Vehículos, aprobada por el Parlament balear el pasado noviembre. Según explica el conseller de Territorio, Mariano Juan, a la agencia EFE, esta norma busca limitar la circulación de caravanas no residentes en la isla, obligando a quienes lleguen con vehículos-vivienda a contar con una autorización y una reserva en un camping.
El objetivo, señala Juan, es doble: frenar la saturación de vehículos en verano y evitar la proliferación de asentamientos en suelo rústico, bosques y litoral, zonas medioambientalmente sensibles. La normativa se aplicará entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, e incluye sanciones que pueden alcanzar los 30.000 euros en caso de pernoctaciones no autorizadas fuera de espacios habilitados.
Nuevas alertas ciudadanas por el crecimiento de asentamientos
A La Voz de Ibiza han llegado varios mensajes que alertan sobre la aparición de nuevos asentamientos o la expansión de algunos ya existentes. Uno de los casos señalados se encuentra en el municipio de Ibiza, en un solar que, tal como denuncian, pertenecería al Ayuntamiento.
En ese espacio ya se han instalado varias caravanas y animales, y quienes han comunicado la situación lo describen como “el inicio de un asentamiento”. “Tendremos aquí a los que van echando de otros lados”, apuntan con preocupación.
Tensión entre normativa y realidad social
La medida, sin embargo, no afectará a caravanas estacionadas en suelo urbano, como las de Es Gorg. En estos casos no se exige reserva de camping, ya que no se trata de vehículos en tránsito. Esta distinción calmó, en parte, las protestas que se produjeron el mes pasado a las puertas del Consell, cuando varios residentes temían verse obligados a abandonar la isla o a pagar un camping para poder seguir viviendo en sus vehículos.
A pesar de esa aclaración, la aplicación de la norma ha generado preocupación y confusión, sobre todo entre quienes recurren a la caravana como única alternativa de vivienda ante los altos precios del alquiler. Algunos de los residentes consultados por EFE aseguran no saber qué ocurrió cuando se impusieron las últimas sanciones, ya que pasan todo el día trabajando y solo regresan por la noche para dormir. “Yo me voy de aquí a las nueve y no regreso hasta las doce”, explica un joven, en la misma línea que otras personas entrevistadas.
Una isla que se tensiona entre legalidad y precariedad
Aunque la nueva ley pretende actuar sobre el entorno natural, la situación en zonas urbanas muestra que el problema va más allá de la movilidad o la regulación del espacio. La falta estructural de vivienda asequible en Ibiza ha provocado que cada vez más personas se vean forzadas a vivir en vehículos o asentamientos informales, incluso dentro del perímetro urbano.
Como reconoce el propio conseller Juan, es probable que la aplicación de la norma desplace el problema hacia otras zonas de la isla, generando nuevos focos de presión social. “El problema de la vivienda no tiene que generar otro problema en sentido inverso”, señaló, al defender la actuación en suelos rústicos y protegidos.
La cuenta atrás ya ha comenzado, y con ella, la incógnita de cómo afectará esta nueva normativa a un fenómeno que, en palabras de los propios ayuntamientos, ya está desbordando los límites de lo asumible.
