Este lunes, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado la creación de un real decreto ley diseñado específicamente para proteger a los inquilinos cuyos contratos, firmados durante la pandemia, llegan a su fin este año. La medida es un sistema de incentivos que busca convencer a los propietarios de no encarecer las rentas a cambio de beneficios tributarios directos.
El paquete normativo, que se espera sea aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas, llega en un momento de máxima presión social. Con cerca de 1,6 millones de personas pendientes de la renovación de sus alquileres, el Ejecutivo ha optado por una vía de fomento fiscal en lugar de la congelación obligatoria que exigían sus socios de coalición.
Bonificaciones del 100% en el IRPF para propietarios
La estrategia del ala socialista del Gobierno se basa en la persuasión económica: Sánchez ha detallado que aquellos arrendadores que decidan mantener los precios vigentes en los contratos que expiran en 2026 podrán acogerse a una bonificación total en el IRPF sobre los rendimientos del alquiler. Según el Presidente, este ahorro fiscal está calculado para equilibrar la balanza y compensar los ingresos que el propietario dejaría de percibir al no aplicar una subida de mercado.
Esta propuesta, sin embargo, ha abierto una nueva brecha con Sumar: desde la formación liderada por Yolanda Díaz se critica con dureza lo que consideran un «regalo» de fondos públicos a los rentistas. Para la vicepresidenta segunda, la solución no debería pasar por subvencionar a los propietarios, sino por garantizar el acceso a la vivienda como un derecho constitucional básico, sin recurrir a mecanismos que premien a quienes ya poseen activos inmobiliarios.
Guerra en los alquileres de temporada y por habitaciones
Más allá de los incentivos, el nuevo decreto pondrá el foco en dos modalidades que se han convertido en refugio de la especulación: los contratos de temporada y el alquiler de habitaciones. Para los primeros, Sánchez propone instaurar requisitos mucho más severos que impidan usar esta fórmula para saltarse la Ley de Vivienda.
El objetivo es acabar con la «incertidumbre permanente» de muchos inquilinos que se ven obligados a renegociar sus condiciones cada pocos meses sin una causa justificada.
En cuanto al alquiler por habitaciones, una práctica que en ciudades como Madrid y Barcelona llega a consumir la mitad del Salario Mínimo, el Gobierno aplicará medidas de control estrictas. A partir de la entrada en vigor del decreto, el precio acumulado de todas las estancias de un piso no podrá exceder el coste de un alquiler íntegro.
A su vez, en las zonas declaradas como tensionadas, estas habitaciones también estarán sujetas a los topes de precios ya existentes para la vivienda habitual.
Comienza la Operación Campamento: 10.700 pisos asequibles
El anuncio de estas medidas ha coincidido con el inicio de los trabajos de demolición en el antiguo acuartelamiento de Campamento, en Madrid. Este proyecto, que llevaba bloqueado más de tres décadas, supone la creación de un nuevo barrio con 10.700 viviendas protegidas.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha destacado que la promoción será íntegramente pública, asegurando que los precios de alquiler no superarán el 30% de la renta media de la zona.
Para acceder a estas viviendas, los solicitantes deberán cumplir ciertos umbrales de ingresos y no poseer otras propiedades: con una inversión prevista de 7.000 millones de euros a través del Plan Estatal de Vivienda, el Gobierno busca demostrar que la solución al problema habitacional pasa tanto por la regulación del mercado privado como por el incremento ambicioso del parque público.
