El alquiler turístico ilegal en Ibiza será sometido a un control más exhaustivo con la aplicación de un nuevo protocolo que permitirá a las policías locales rastrear viviendas y recopilar pruebas para sancionar a los infractores. La medida, impulsada por el Govern Balear y el Consell Insular de Ibiza, busca reforzar la detección de alquileres sin licencia, que afectan gravemente a la disponibilidad de vivienda en la isla.
Este protocolo fue aprobado en una reunión extraordinaria del Consell de Coordinación Pitiuso, donde se establecieron nuevas directrices de actuación para mejorar la coordinación entre administraciones y endurecer las inspecciones. El documento, elaborado por la Dirección General de Emergencias e Interior, introduce un sistema detallado de verificación, con un papel clave para las policías locales.
Más control con pruebas y geolocalización
El plan otorga a los cuerpos de seguridad la capacidad de detectar y documentar casos de alquiler turístico ilegal a partir de información clave. Los agentes podrán identificar a los arrendadores, comprobar los periodos de estancia y verificar los canales de comercialización utilizados. Además, se recopilarán testimonios de vecinos y clientes, se registrarán los servicios turísticos ofrecidos y se analizarán documentos acreditativos que confirmen la actividad irregular.
Lucha contra el intrusismo en Ibiza: los propietarios que no colaboren serán sancionados
Una de las novedades más relevantes del protocolo es el uso de geolocalización para identificar y registrar las viviendas investigadas. Toda la información obtenida será plasmada en actas oficiales, garantizando así una tramitación efectiva de las sanciones y evitando la reincidencia de los infractores.
Un plan coordinado con formación para policías locales
Para asegurar la correcta aplicación del protocolo, el Govern Balear ha puesto a disposición de los ayuntamientos la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), que ofrecerá formación específica a los agentes locales. De este modo, se busca agilizar la identificación de alquileres ilegales y dotar a las policías de herramientas para aplicar la normativa con mayor precisión.
La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, subrayó la importancia de este protocolo como una medida «pionera en la lucha contra el intrusismo». «Este acuerdo nos permite generar bases de datos sólidas para combatir estas malas prácticas y evitar que se repitan», aseguró.
Por su parte, el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, destacó el papel clave que jugarán los agentes en este nuevo enfoque. «Las policías locales son las que están en la calle cada día y tienen información clave para que este plan funcione», explicó.
Colaboración entre administraciones y mayor agilidad en sanciones
El protocolo es fruto de un acuerdo entre el Govern Balear, el Consell Insular de Ibiza y los ayuntamientos, que han trabajado conjuntamente en la redacción de estas directrices. Desde el Consell Insular de Ibiza, se ha destacado que esta herramienta permitirá actuar con mayor rapidez y eficacia.
A partir de ahora, cuando los agentes atiendan incidencias relacionadas con alquiler turístico ilegal, podrán documentar los casos en el momento y enviar la información directamente a los servicios de inspección del Consell, que se encargarán de verificar los datos y tramitar las denuncias.
Este protocolo refuerza la estrategia impulsada en el Consell d’Alcaldes pitiuso, donde se acordó involucrar a los ayuntamientos en la persecución del intrusismo turístico.
Una respuesta a la crisis de vivienda en Ibiza
El alquiler turístico ilegal ha sido señalado como uno de los factores que agravan la crisis de vivienda en Ibiza, encareciendo el mercado y reduciendo la oferta para residentes y trabajadores. La implementación de este nuevo sistema de control y sanción busca garantizar que la normativa se cumpla y que no haya margen para la impunidad.
Con esta medida, el Govern y el Consell Insular de Ibiza avanzan en la coordinación de esfuerzos contra el alquiler ilegal, con el objetivo de frenar la especulación y proteger el acceso a la vivienda en la isla.
