Parecía que la tensión entre las navieras comerciales y el Consell de Ibiza por la restricción de vehículos anunciada para la temporada venidera se iba aflojando, luego de que ambos lados pactaran una mesa de negociación. Sin embargo, el conflicto ha quedado otra vez latente luego de que Adolto Utor, presidente de Baleària, endureciera su discurso y lanzara numerosas amenazas.
El accionista único de la naviera no solo analizó la medida impulsada por el Consell y aportó su mirada de por qué cree que será viable técnicamente, sino que aumentó el tono de sus advertencias con frases contundentes. Incluso, mencionó la posibilidad explícita de recortar los servicios a la isla.
«Llevaremos los barcos donde sean más productivos», afirmó Utor en una entrevista con Radio Ibiza. El presidente de Baleària advirtió que la nueva regulación podría obligar a la empresa a reducir servicios y modificar su operativa.
«Va a producirse un quebranto económico que va a obligar a las propias navieras a replantearse frecuencias, a replantearse la tipología de barcos, a replantear el sistema», ha dicho Utor.
Un cupo cubierto
La ley de Regulación de Vehículos limitará la cantidad de vehículos de no residentes de la isla desde el 1 de junio a un máximo de 20.168 por día. Esto incluye 16.000 vehículos de empresas de alquiler, y 4.108 de turistas, además de 60 coches de Formentera.
Para Utor, uno de los puntos clave de la regulación es la limitación del transporte de coches de turistas en verano, que él cree que estará cubierto por demás. En esa línea, supone que dentro de vehículos de turistas se incluyen todos los que no sean de residentes pero vayan a trabajar durante la temporada.
«Lo que hay que hacer es quitar los barcos ya directamente, porque no van a haber posibilidades. El cupo está, desde nuestro punto de vista, ya cubierto», ha dicho.
Con un cupo tan bajo, Utor cree que sería inviable la operativa de la compañía en Ibiza: «Si no se pueden llevar coches de turistas y solo vamos a llevar coches de residentes en verano que se mueven menos, pues no sé, tendremos que pensar dónde llevar los barcos, dónde sean productivos».
El presidente de la naviera insistió en que, si Baleària no obtiene ingresos suficientes, las rutas con Ibiza podrían verse gravemente afectadas: «Si no pueden trabajar en un sitio porque no tienen ingresos suficientes, los barcos se irán a otro sitio».
Durante la entrevista, Utor barajó distintas opciones. Además de cortar rutas hacia Ibiza, advirtió que Baleària podría ajustar su operativa y sus precios: «Tomaremos nuestras medidas. Esa adaptación va a suponer una merma grave y seria a la calidad de los servicios, a la frecuencia y a los precios».
Un sismo en el sector
Para Utor, “en el momento en que a las navieras les impides gestionar una parte de su negocio, que son millones de euros que dejan de ingresar, eso va a provocar un quebranto económico que va a cuestionar el mismo modelo, que va a generar incertidumbre y la modernización, la incorporación de nuevos barcos, de nuevas líneas, se va a poner en peligro”.
Incluso, ha dicho que la medida “es dinamitar el sistema, un sistema no es de las navieras, es un activo de las islas, las islas y la isla de Ibiza debe preservar la red de transporte marítimo porque son sus carreteras, son sus carreteras con Mallorca, con Ibiza, con Denia, con Valencia”.
¿Podría esto llegar a eliminar líneas actuales que conectan Ibiza? Utor no lo descarta. De hecho, citó como ejemplo la retirada del Ramón Llull, que conectaba Formentera y Denia: «El Ramón Llull trabajaba durante todo el año conectando Formentera con Denia y ahora ya no, ahora concretamente está siendo Algeciras-Ceuta y en invierno se tiene que ir».
Una medida «que no resuelve nada» y un frente legal abierto
Al margen del perjuicio que ocasionaría a las navieras, Utor criticó con dureza la normativa, asegurando que no soluciona el problema: «Es todo un problema sobre un sector y sobre una medida que no resuelve nada, absolutamente nada». Y que, además, ha dicho que “puede causar daños irreparables”.
“Hay una precipitación evidente, yo creo que no hay nada de rigor en la aplicación, hay improvisación”, ha cuestionado. Utor no descarta tomar acciones legales, aunque evitó detallar sobre la cuestión. “Vamos a actuar en todos los frentes jurídicos, evidentemente”.
Aunque no hay querido profundizar, ha recordado que las navieras ya han hecho alegaciones y que no descartan impugnar la ley.
Cuando se le consultó si cree que la ley se aplicará a partir de junio volvió a elevar la tensión: “Yo creo que no. Ni técnicamente, porque existen muchos problemas por resolver, desde el punto de vista de conexiones, ni jurídicamente, porque creo que es inviable y los tribunales decidirán”.
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