El Consell de Ibiza y las navieras comerciales han acordado abrir un frente de negociación técnica para intentar aplicar la Ley de Regulación de Vehículos, que entrará en vigor en junio, sin que ello ponga en jaque el servicio marítimo, considerado «esencial» para la isla. Sin embargo, la tensión es evidente: mientras el presidente del Consell, Vicent Marí, insiste en que la normativa «no busca culpables», las empresas del sector advierten que las restricciones son excesivas y pueden impactar negativamente en la conectividad de Ibiza.
El Consell cierra filas: «No hacer nada no es una opción»
Marí ha defendido que la medida forma parte de un plan integral para reducir la saturación turística y ha recordado que se están impulsando otras acciones clave, como la aprobación definitiva del Plan Territorial Insular (PTI), que prohíbe nuevas licencias de vivienda turística en suelo rústico, o la renovación del transporte público con una nueva contrata de autobuses.
«Tenemos un problema y lo estamos abordando desde diferentes ángulos. No hacer nada no es una opción«, ha sentenciado Marí, dejando claro que el control del tráfico rodado en Ibiza es innegociable. Además, ha insistido en que la ley no es una imposición unilateral: «No buscamos señalar a nadie, sino encontrar una solución juntos para garantizar un futuro sostenible, tanto social como económicamente».
El presidente del Consell también ha recalcado que la medida no va sola y que forma parte de un plan más amplio para equilibrar el turismo en la isla: «Estamos trabajando en medidas complementarias como la mejora del transporte público, la regulación de las viviendas turísticas y un plan de choque contra el intrusismo que supondrá una inversión de más de 20 millones de euros«.
Las navieras, contra las cuerdas: «Es una medida extrema»
Por su parte, las empresas de transporte marítimo señalan que desde el Consell se han mostrado receptivos a sus inquietudes y planteamientos, y entienden que no existe voluntad para perjudicarlas.
Desde su lado han participado de la reunión Elena Seco García-Valdecasas, directora general de ANAVE; Santiago Mayol, presidente de APEAM (Asociación Patronal de Actividades Maritimas de Baleares); Adolfo Utor, presidente de Baleària; Ettore Morace, director general de Trasmed ; Matteo de Candia, director general de GNV; y Rafael Cardona, gerente de Trasmapi.
El sector marítimo ya había expresado su rechazo a la cuota de vehículos aprobada por el Consell, que considera «demasiado restrictiva».
«Nos preocupa enormemente la viabilidad de nuestros servicios«, había manifestado Mayol. Según él, «esta medida pone en riesgo la conectividad con la isla y puede tener consecuencias directas en el turismo y el comercio».
Otro punto conflictivo es el sistema informático que regulará la venta de billetes y el control de acceso de vehículos. «Nos han presentado una solución técnica que no sabemos si funcionará correctamente en temporada alta. No podemos permitirnos errores que afecten a los viajeros ni a la operativa de las compañías», ha advertido Adolfo Utor, presidente de Baleària.
Algunas compañías habían ido más allá y ya han avisado de que la medida podría poner en peligro la frecuencia de los servicios marítimos, algo que inquieta a los sectores turístico y comercial.
Cuenta atrás para la limitación de vehículos
Pese a la presión del sector naviero, el Consell mantiene su hoja de ruta y la norma entrará en vigor el 1 de junio. A partir de esa fecha, la circulación de vehículos en Ibiza estará limitada a 20.168 diarios, una medida que pretende reducir la saturación del tráfico en temporada alta.
Marí ha asegurado que las negociaciones seguirán abiertas: «Queremos que el diálogo técnico con las navieras nos ayude a integrar mejor la aplicación de la norma. No se trata de perjudicar a nadie, sino de garantizar la movilidad de todos los que vivimos y visitamos Ibiza«.
Las próximas semanas serán claves para ver si las negociaciones consiguen suavizar el choque entre administración y empresas o si la implantación de la ley se convierte en una batalla abierta.
