Hace a penas 24 horas, el poblado de Can Rova 2 en Santa Eulària fue desmantelado en un operativo que supuso el fin de uno de los mayores asentamientos de infravivienda de la isla. El despliegue, dirigido por el Ayuntamiento y con la participación de Policía Local, Guardia Civil, DGT y maquinaria pesada, cerró un ciclo de más de un año en el que decenas de familias y trabajadores vivieron sin acceso a una vivienda formal.
En los días previos, buena parte de los habitantes ya habían recogido sus cosas y abandonado el lugar, alertados por el aviso municipal. Al llegar las máquinas, solo quedaban unas pocas barracas vacías y el ambiente estaba marcado por la resignación y la sensación de derrota.
Un cierre anunciado y una advertencia institucional
Mientras se retiraban las últimas infraviviendas y los servicios municipales aseguraban la parcela, desde el equipo de gobierno se lanzaba un mensaje contundente sobre el modelo de convivencia en Ibiza. El concejal de Seguridad Ciudadana y de la parroquia de Sant Carles, Juan Carlos Roselló, dejó clara la posición del Consistorio:
“Antes de venir a una isla como es Ibiza, que la gente se asegure antes de nada de tener una vivienda, buscar algo, una cosa segura. No venir y después ya veremos dónde vamos a vivir, porque no podemos permitir este tipo de vida.”
Esta advertencia, pronunciada en pleno desalojo, resume la intención municipal de evitar la proliferación de asentamientos y frenar la llegada de personas sin garantías de alojamiento.
El argumento de la seguridad y la dignidad
Al término de la intervención, la alcaldesa Carmen Ferrer reafirmó públicamente la prioridad del equipo de gobierno: “Se ha procedido al desalojo del asentamiento de Can Rova 2. La prioridad es la seguridad y la dignidad de todas las personas. No podemos legitimar ni normalizar que alguien llegue con trabajo sin tener resuelto un lugar digno donde vivir.”
La alcaldesa subrayó los riesgos detectados durante el operativo: “En el operativo de hoy se ha evitado una posible catástrofe humana y medioambiental: decenas de bombonas de butano, conexiones eléctricas extremadamente peligrosas, toneladas de material inflamable y pozos negros en suelo rústico suponían un riesgo inaceptable.” Y agradeció expresamente a todas las administraciones, fuerzas de seguridad, servicios sociales y empresas externas por hacer posible “un desalojo pacífico y ordenado”.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, fueron atendidos 11 menores, repartidos en siete parejas con hijos y una mujer sola con hijos, 23 adultos sin cargas familiares, nueve parejas, dos hombres solos y tres mujeres solas, una persona con enfermedad incapacitante y dos mujeres embarazadas. Las familias con menores han sido realojadas provisionalmente en el albergue de Cáritas.
Entre el ciclo sin fin y la resignación: la voz de los desalojados
La otra cara del operativo es la de quienes han tenido que marcharse. Richard, uno de los desalojados, que también vivió en Can Rova 1, confesaba a La Voz de Ibiza: “Entre las familias del lugar en general reina la incertidumbre sobre cuál será su nuevo destino, ya que conseguir habitaciones resulta imposible en plena temporada turística”.
El ambiente en la zona durante la última jornada lo decía todo: un cartel improvisado proclamaba “Terminaron con Can Rova 2, pero no podrán con Can Rova 3”. Para muchos, la historia se repite: el cierre de un asentamiento solo significa que pronto surgirá otro en otra parte de la isla.
Emergencia habitacional: un problema crónico que no se resuelve
Ibiza arrastra desde hace años un problema estructural de acceso a la vivienda. El precio del alquiler se ha duplicado en una década y la oferta de habitaciones y pisos asequibles es cada vez más escasa, incluso para trabajadores con contrato y empleo estable.
El número de desalojos y la proliferación de asentamientos informales han aumentado en paralelo al crecimiento del turismo y la presión inmobiliaria. Según cifras oficiales, más de 600 personas han pasado por asentamientos informales en Santa Eulària y Sant Josep en los últimos cuatro años.
El Ayuntamiento insiste en que no ha recibido peticiones formales de ayuda de la mayoría de los desalojados. Sin embargo, organizaciones sociales y plataformas vecinales alertan desde hace tiempo de que las soluciones institucionales resultan insuficientes y que los realojos temporales apenas consiguen evitar el retorno a la calle tras unas pocas semanas.
Una polémica que refleja el callejón sin salida de la emergencia habitacional
La advertencia institucional —“Antes de venir a Ibiza, que se aseguren tener una vivienda”— no ha pasado inadvertida y resulta, para muchos, polémica en el contexto actual de la isla. Aunque el acceso a una vivienda digna es un desafío real incluso para quienes cuentan con trabajo, el mensaje oficial puede percibirse como poco realista o insensible para quienes se ven obligados a sobrevivir en condiciones precarias.
Sin embargo, como contracara, también subyace una verdad difícil de obviar: ningún empleo digno debería implicar una vida en condiciones indignas. Aunque, en Ibiza, la paradoja persiste y la frontera entre la necesidad y la dignidad parece desdibujarse cada temporada.
