EDUCACIÓN

Antoni Vera defiende la moratoria del catalán y afirma que se han duplicado los docentes sin acreditarlo

Más de 450 interinos no acreditaban el idioma en 2024, el doble que en 2022, en pleno debate por la moratoria del requisito en plazas de difícil cobertura

Aspirantes a oposiciones docentes.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido este martes en el Parlament la moratoria del requisito del catalán en determinadas plazas docentes de muy difícil cobertura, una medida acordada con Vox y que ha generado un intenso debate político.

Durante su intervención, Vera ha puesto el foco en los datos para justificar la decisión del Govern. Según ha explicado, en 2024 un total de 455 docentes interinos no contaban con el conocimiento del catalán acreditado, una cifra que, según ha subrayado, duplica los registros de 2022, cuando eran alrededor de 220.

El conseller ha insistido en que la medida no supone eliminar la exigencia del catalán en el sistema educativo balear. “No eliminamos el requisito del catalán”, ha recalcado, asegurando que todos los docentes con plaza definitiva en un centro educativo de las Islas deberán seguir acreditando el idioma.

En este sentido, ha defendido que la moratoria responde a una necesidad puntual para garantizar la cobertura de plazas donde resulta especialmente complicado encontrar profesionales. Según el Govern, se trata de una solución para evitar vacantes en el sistema educativo.

El debate se ha tensado durante el pleno con la intervención de la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, quien ha criticado duramente la medida. A su juicio, esta decisión forma parte de “una estrategia para que el catalán deje de ser necesario” y no se trata de un hecho aislado, sino de “un patrón” dentro de las negociaciones del Ejecutivo con Vox.

Vera ha rechazado estas acusaciones y ha pedido a la oposición que “abandone su búnker” para entender el contexto de la medida. Mientras tanto, el debate sobre el papel del catalán en la educación y las condiciones de acceso a la docencia vuelve a situarse en el centro de la agenda política en Baleares.

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