La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha advertido que la regularización extraordinaria de inmigrantes que aprobará el Consejo de Ministros este martes generará un “nuevo efecto llamada” en Baleares, una comunidad que, según ha subrayado, atraviesa su peor crisis migratoria en los últimos años. La dirigente autonómica ha reaccionado así tras conocerse el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos para sacar adelante la medida mediante real decreto, sin necesidad de convalidación en el Congreso.
En un mensaje difundido en la red social X, Prohens ha calificado la iniciativa de “regularización masiva irresponsable” y ha advertido de sus consecuencias en un territorio ya tensionado por la llegada de inmigrantes y por el crecimiento demográfico. “Con Baleares pasando por su peor crisis migratoria tras la llegada de más de 20.000 personas en los últimos cinco años, Sánchez pacta una regularización que contribuye a un nuevo efecto llamada a nuestras Islas”, ha afirmado la presidenta, en un mensaje que ha tenido amplia repercusión política y social.
Vale recordar que el flujo de inmigrantes irregulares crece especialmente en Ibiza y Formentera. Por caso, el año pasado las pitiusas concentraron casi la mitad del flujo de personas llegadas en pateras a Baleares. Y este año el propio Govern prevé que se rompan nuevamente los récords de inmigraciones ilegales.
Críticas a la presión sobre vivienda y servicios
La líder del Ejecutivo balear ha insistido en que la medida ignora las limitaciones estructurales de la comunidad autónoma. “No atiende a la escasez de vivienda, la capacidad de nuestros servicios públicos ni la limitación de los recursos naturales del archipiélago”, ha señalado Prohens, en línea con otras advertencias que el Govern ha venido trasladando en los últimos meses sobre la presión que soportan las Islas.
En su valoración, la presidenta ha asegurado además que la regularización “premia la entrada irregular” y “alienta a las mafias que se lucran de la desesperación”, al tiempo que, a su juicio, no tiene en cuenta la capacidad real de integración de las personas migrantes en la sociedad balear. “Aquí no cabe todo el mundo, no cabe quien no viene a contribuir y a integrarse. La inmigración debe ser legal y ordenada”, ha remarcado, marcando distancia con la política migratoria del Gobierno central.
Extranjería “colapsada” y mensaje político
Otro de los argumentos esgrimidos por Prohens es la situación de los servicios de Extranjería, que considera “colapsados”, especialmente para quienes intentan regularizar su situación por las vías ordinarias. “Mientras quienes quieren permanecer para aportar de manera legal y con un contrato de trabajo se encuentran con una Administración saturada, el Gobierno opta por una regularización masiva”, ha reprochado la dirigente del PP balear, reforzando el discurso de agravio territorial hacia Baleares.
La presidenta ha concluido su mensaje con una afirmación contundente: “La nacionalidad y la residencia se merecen, no se regalan”, una frase que resume la posición del Govern.
En qué consiste la regularización extraordinaria
La regularización extraordinaria anunciada por el Ejecutivo está dirigida a personas extranjeras que ya se encuentran en España y tiene como objetivo, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”. Al aprobarse por real decreto, la medida no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.
El acuerdo fija una serie de requisitos, entre ellos carecer de antecedentes penales relevantes. Para acreditar la residencia en España durante al menos cinco meses, los solicitantes podrán presentar documentos como el padrón municipal, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte. Cada uno de estos aspectos ha sido detallado por el Ministerio en las explicaciones posteriores al anuncio del acuerdo.
En el momento de presentar la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. Además, cuando la solicitud sea admitida a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional, que permitirá trabajar de forma legal y acceder a derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
Plazos y respaldo parlamentario
Si la resolución final es favorable, se otorgará una autorización de residencia por un año, tras el cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha precisado que el plazo para solicitar esta regularización se abrirá entre principios de abril y el 30 de junio de este año, un calendario que ya ha generado reacciones políticas en comunidades como Baleares.
Con este real decreto, el Gobierno retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas, cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios excepto Vox. Aunque la ILP sigue bloqueada en el Congreso por la aritmética parlamentaria, el Ejecutivo ha optado por esta vía para poner en marcha la regularización, una decisión que mantiene abierto el debate político y territorial sobre la gestión migratoria en España y su impacto específico en Baleares.
