El Supremo ha puesto el punto final a un macroprocedimiento por narcotráfico con ramificaciones en la isla de Ibiza. La sentencia, dictada por el Pleno de la Sala de lo Penal, confirma condenas y detalla hallazgos en viviendas de Cala Llonga y Sant Joan de Labritja, donde se intervinieron drogas, dinero y un arma corta, entre otros efectos.
El fallo, dictado el 16 de octubre de 2025, consolida las penas impuestas por la Audiencia Nacional y pone fin a un caso que destapó cómo una organización con centro en Barcelona y conexiones en Países Bajos, Andalucía e Ibiza movía drogas, dinero y armas bajo una fachada de aparente normalidad y alto nivel de vida.
Una red invisible, conectada por tecnología cifrada
La organización funcionaba como una empresa perfectamente coordinada. Sus integrantes usaban móviles especialmente modificados para enviar mensajes cifrados, un sistema que pretendía impedir que las autoridades pudieran rastrear sus comunicaciones.
El método no era único de esta banda: formaba parte de un entramado internacional de delincuencia que se apoyaba en plataformas de mensajería encriptada, como EncroChat o SKY ECC, intervenidas por la justicia francesa en una operación conjunta con Europol.
Gracias a esa cooperación, los investigadores españoles recibieron —por vía judicial europea— los mensajes que sirvieron para reconstruir los movimientos de la red: desde la compra y el transporte de drogas hasta el reparto de beneficios y el uso de propiedades en Ibiza.
En su fallo, el Supremo avala por primera vez en España el uso de estas pruebas digitales, obtenidas en el extranjero bajo control judicial, y cita expresamente una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de abril de 2024 que respalda esa práctica. Este punto marca un antes y un después en la persecución del crimen organizado en el ámbito digital.
Ibiza: la cara local de una trama internacional
La sentencia confirma que Ibiza fue uno de los enclaves logísticos del grupo. En Cala Llonga (Santa Eulària), los agentes detuvieron a Maite, una integrante de la red, en un piso alquilado donde hallaron pastillas de MDMA, una máquina de contar billetes, básculas de precisión y varios móviles cifrados. Entre los indicios figuraba un billete de ferry Ibiza–Barcelona, clave para conectar los movimientos de la trama entre la isla y la península.
Otro de los puntos neurálgicos se encontraba en Sant Joan de Labritja, donde los investigadores descubrieron una vivienda alquilada por Juan Alberto, identificado como jefe de la organización. Dentro había una pistola FN Browning, dos motos acuáticas registradas a nombre de una empresa pantalla y bolsas con MDMA listas para su distribución.
El tribunal también menciona a Luis Alberto, copropietario de una vivienda en Ibiza, que servía de apoyo logístico y financiero a la estructura criminal. En conjunto, estos hallazgos demostraron que la isla no era solo un punto de paso, sino un centro de operaciones estable y rentable dentro del negocio.
Cómo operaba la red
La sentencia detalla que la red estaba encabezada por Juan Alberto, condenado a trece años de prisión como jefe de la organización, que coordinaba a un grupo con funciones claramente repartidas. Leandro y Carlos Daniel, este último descrito como el “químico”, se encargaban de la manipulación y almacenamiento de anfetaminas y MDMA en distintos domicilios; Antonieta actuaba como depositaria, mientras que Maite —detenida en la vivienda de Cala Llonga— hacía de enlace y responsable de contactos para la redistribución.
Otro de los procesados, Luis Alberto, gestionaba naves industriales usadas como depósitos y puntos de carga de la droga en camiones con destino fuera de España, mientras que Marco Antonio participaba en tareas de traslado y apoyo logístico.
El grupo contaba además con Jesús Carlos como coordinador operativo, encargado de recibir en Países Bajos las ganancias ilícitas y organizar su retorno a España.Según el fallo, la organización también exportaba hachís y marihuana hacia Holanda, camufladas dentro de aparatos eléctricos para eludir los controles aduaneros.
Condenas millonarias y efectos incautados
El Supremo ratifica las penas dictadas por la Audiencia Nacional: entre 5 y 13 años de prisión y multas que alcanzan los 14 millones de euros. El líder, Juan Alberto, cumplirá 13 años por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas; otros implicados —entre ellos Leandro, Maite, Carlos Daniel y Luis Alberto— fueron condenados a entre 10 y 11 años. Dos procesados fueron absueltos por falta de pruebas.
La sentencia ordena además el comiso de los bienes intervenidos, incluyendo dinero, embarcaciones, vehículos, teléfonos cifrados y equipamiento informático.
Un precedente que trasciende el caso
Más allá de las condenas, el fallo sienta jurisprudencia sobre la validez en España de pruebas digitales obtenidas en investigaciones internacionales. A partir de ahora, los datos de plataformas cifradas como EncroChat podrán usarse en procedimientos penales siempre que se garantice la cadena de custodia y el control judicial, lo que abre una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado de alta tecnología.
En el plano local, la sentencia reafirma el papel de Ibiza como un punto estratégico dentro de las redes de narcotráfico del Mediterráneo. Lejos de ser un escenario periférico, la isla fue parte activa de una estructura transnacional que movía drogas, dinero y bienes de lujo a través de rutas que conectaban la península con los principales puertos y zonas turísticas del archipiélago.
El cierre judicial de este caso deja una imagen clara: detrás de las fachadas blancas y los chalets de diseño, Ibiza también formaba parte del mapa europeo del narcotráfico digital.
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