Cerca de 70.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma y de sus empresas públicas comenzarán a percibir a partir de enero el nuevo plus de residencia, una medida que equipara progresivamente sus retribuciones con las que reciben los empleados públicos del archipiélago canario. El Govern mantiene este compromiso pese a que la prórroga de los Presupuestos limita la incorporación de nuevos complementos salariales, salvo el incremento general anual fijado por el Estado.
La ausencia de nuevas cuentas autonómicas complica la capacidad de introducir mejoras retributivas no previstas en la prórroga presupuestaria, pero el Ejecutivo de Marga Prohens asegura que buscará la disponibilidad económica necesaria para cumplir el acuerdo firmado hace unos meses con las organizaciones sindicales. Este pacto contempla una inversión de 240 millones de euros, que se desplegará de forma progresiva hasta 2028.
Cuando el proceso esté completado, los empleados públicos cobrarán 206 euros mensuales en Mallorca, 410 euros en Menorca e Ibiza y 615 euros en Formentera, cantidades que suponen una subida muy significativa respecto a los pluses actuales. En Mallorca, el complemento oscila hoy entre 47,58 y 110,56 euros, mientras que en Menorca e Ibiza va de 65,38 a 122,4 euros. El mayor salto se producirá en Formentera, donde los trabajadores pasan de esas mismas cifras a 615 euros mensuales, alcanzando el tramo máximo equivalente al de Canarias.
La incorporación de estos nuevos importes tendrá un coste añadido de unos 80 millones en 2026, dentro de un marco financiero ya tensionado. Según la Conselleria d’Hisenda, este incremento se asume en un contexto en el que el Govern no podrá disponer de los 361 millones de gasto adicional que preveían los presupuestos inicialmente diseñados antes de su rechazo parlamentario.
La prórroga presupuestaria obliga a Marga Prohens a gestionar el próximo ejercicio mediante modificaciones de crédito para atender nuevos compromisos, como la equiparación del plus de residencia. Pese a las restricciones, el Ejecutivo mantiene su intención de aplicar el calendario acordado con los sindicatos y garantizar que los empleados públicos baleares alcancen en 2028 el mismo nivel retributivo por residencia que los de Canarias.
