El Ayuntamiento de Barcelona abre este viernes 20 de febrero una nueva línea de subvenciones destinada a combatir la exclusión residencial en la capital catalana. Con un presupuesto de 6 millones de euros, esta iniciativa busca aliviar la presión económica de los hogares más vulnerables, ofreciendo una prestación mensual de hasta 400 euros durante un año completo.
La medida se centra en aquellas personas que deben destinar más del 30% de sus ingresos totales al pago de su arrendamiento, un umbral que los expertos consideran crítico para la estabilidad financiera de cualquier familia.
Quiénes pueden solicitar la subvención
Esta convocatoria no es universal, sino que se ha diseñado específicamente para proteger a dos grupos con especial dificultad para mantener su vivienda habitual en el mercado actual:
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Familias monoparentales: Hogares con un solo progenitor a cargo de los hijos.
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Mayores de 55 años: Personas que vivan solas y cuenten con ingresos reducidos.
En ambos casos, es obligatorio demostrar una situación de vulnerabilidad económica. Los límites de ingresos se calculan en base al Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC). Por ejemplo, quien viva solo no podrá ganar más de dos veces el IRSC, mientras que para unidades familiares el límite sube a 2,5 veces este indicador (ampliable a 3,5 en casos de gran dependencia o discapacidad).
Condiciones de la vivienda y cuantías
Para que la solicitud sea aceptada, el inmueble debe estar ubicado dentro del término municipal de Barcelona. Además, existe un tope en el precio del contrato: la renta mensual del alquiler no puede superar los 1.100 euros.
Es importante destacar que la ayuda solo cubre el concepto del alquiler propiamente dicho: quedan fuera del cálculo los gastos adicionales como el trastero, la plaza de parking, suministros individuales o posibles deudas acumuladas por impagos anteriores. De cumplir con todo, el beneficiario podría recibir un máximo de 4.800 euros anuales para asegurar su permanencia en el piso.
Un refuerzo dentro del Pla Viure
Esta partida económica nace de un acuerdo político en la comisión de Economía y Hacienda y se integra en el llamado Pla Viure. Este plan municipal tiene como objetivo fortalecer el parque público de vivienda y evitar que los vecinos con menos recursos se vean expulsados de sus barrios debido al incremento constante de los precios.
Barcelona ya cuenta con otras herramientas similares gestionadas a través del Consorcio de la Vivienda, como el Bono Alquiler Joven o las prestaciones de urgencia social para situaciones de desahucio. Sin embargo, esta nueva línea de 400 euros actúa como un refuerzo específico para perfiles que, aun teniendo ingresos, se encuentran al límite de sus capacidades económicas por la inflación y la presión inmobiliaria.
