SALUD

Baleares impulsa una nueva Ley de Discapacidad: cómo es y qué implica

La consellera Sandra Fernández anuncia una norma pionera que busca reforzar la inclusión, agilizar la atención y consolidar el modelo balear como referente nacional.

La consellera Sandra Fernández anuncia una normativa centrada en la inclusión y la eficiencia.

El Govern de Baleares ha anunciado la elaboración de una Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, con el objetivo de fortalecer la protección, la inclusión y los derechos de este colectivo.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, adelantó la iniciativa durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament.

La futura norma pretende consolidar un modelo balear de atención a la discapacidad considerado “referente” en España y Europa, especialmente en materia de empleo y autonomía personal. A su vez, busca actualizar el marco legal para adaptarlo a los nuevos retos sociales, mejorando la coordinación entre administraciones y entidades del tercer sector.

Los objetivos del nuevo modelo

Fernández subrayó que el nuevo plan social se asentará sobre tres ejes fundamentales: reordenar procedimientos, reducir la burocracia y eliminar duplicidades. El objetivo es ganar tiempo para dedicarlo a lo esencial: la atención directa a las personas.

Entre las medidas previstas destacan los planes de conciliación familiar, la ampliación de la red de emancipación de jóvenes tutelados, la mejora de la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual Infantil (Utasi) y nuevas políticas para erradicar la LGTBI-fobia. La consellera destacó que se pretende desarrollar un sistema “más eficaz, cercano y humano”, centrado en el acompañamiento y la inclusión real.

¿Qué cambios habrá en la Renta Social Garantizada y las ayudas económicas?

Baleares promulga una Ley de Discapacidad

En paralelo, el Govern revisará en los próximos seis meses los posibles cobros indebidos de la Renta Social Garantizada (Resoga). Asimismo, se lanzará una convocatoria de 12,7 millones de euros para gestionar las tarjetas monedero destinadas a la compra de alimentos, una medida que busca aliviar la situación de las familias con menos recursos.

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Fernández explicó que estas iniciativas forman parte del compromiso del Ejecutivo autonómico con la transparencia y la eficiencia en la gestión de las ayudas sociales, garantizando que cada euro público llegue realmente a quienes más lo necesitan.

Un plan de inversión social histórico: 32 millones hasta 2034

La norma busca ampliar derechos, agilizar trámites y reforzar la inclusión social.

El Govern también pondrá en marcha un plan de inversiones para la inclusión social con un presupuesto de 32 millones de euros entre 2025 y 2034. Las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad podrán acceder a estos fondos para proyectos de apoyo y reinserción.

El plan busca reforzar la colaboración con el tercer sector, al que Fernández calificó de “imprescindible”. Pese a las críticas de Vox, que lo señaló como parte del “problema”, la consellera defendió la labor de las organizaciones sociales y reivindicó su papel clave en la atención a las personas más vulnerables.

¿Qué opinan los partidos sobre las nuevas medidas sociales?

Durante la sesión, los distintos grupos parlamentarios plantearon sus dudas y reclamaciones. El PSIB pidió más información sobre la gestión de la Resoga, los plazos de valoración de la dependencia y la mejora laboral del personal de la Conselleria.

MÉS per Mallorca y Unidas Podemos se interesaron por los planes de emancipación juvenil y las infraestructuras para menores migrantes no acompañados.

En su réplica, Fernández aseguró que el Govern prevé cumplir el plazo de seis meses para la valoración de la dependencia al final de la legislatura y que el centro de crisis para víctimas sexuales de Ibiza abrirá en las próximas semanas. Además, confirmó que el plan de infraestructuras sociales se presentará antes de fin de año.

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Migración y atención social: el reto más urgente en Baleares

Respecto al aumento de menores migrantes y la presión sobre los servicios sociales, Fernández reconoció que Baleares sufre el impacto de la crisis migratoria y reclamó al Gobierno central una respuesta conjunta.

A su juicio, no hay capacidad suficiente para ofrecer proyectos de vida dignos a todas las personas que llegan, por lo que defendió la necesidad de una migración regular y ordenada.

La consellera insistió en que el Govern seguirá priorizando la atención a la ciudadanía balear, sin dejar de lado la cooperación con las organizaciones humanitarias que trabajan en el archipiélago.

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