Baleares encabeza el ranking nacional del precio de la vivienda y del esfuerzo necesario para acceder a ella. Así lo refleja el último informe del Observatorio Inmobiliario de BBVA Research, que sitúa el incremento del valor de la vivienda en las Islas en un 9,7 % durante 2024, el más alto del país, y calcula que las familias destinan más del 29 % de sus ingresos salariales al acceso a una casa.
El estudio prevé que los precios sigan subiendo: un 7,3 % en 2025 y un 5,3 % en 2026, con una presión sostenida por la demanda, la escasa oferta de vivienda nueva y la falta de alternativas de alquiler accesible. Baleares supera a la Comunidad Valenciana (+7,9 %) y a Madrid (+7,6 %) en el encarecimiento de la vivienda durante 2024.
Desde 2019 el precio del alquiler ha crecido más que el de compra en todas las comunidades autónomas. Según el informe, el pago mensual del alquiler representa en todos los casos una mayor carga sobre el salario del hogar que una hipoteca, lo que empeora aún más el acceso a una vivienda digna en territorios con escasa oferta, como Ibiza y Formentera.
Más ventas, pero sin freno en los precios
Las estimaciones apuntan a que en 2025 se venderán unas 780.000 viviendas en España (+9 %), y que en 2026 se superarán las 800.000 operaciones. Pese a ello, la falta de suelo urbanizable y la escasez de mano de obra cualificada limitarán la producción de vivienda nueva, especialmente en zonas con alta demanda.
La previsión es que los visados de obra nueva aumenten un 14 % durante este bienio, pero el incremento de la oferta seguirá siendo insuficiente para equilibrar el mercado.
Baleares, al límite del esfuerzo económico
En comunidades como Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha, el esfuerzo para acceder a una vivienda se mantiene por debajo del 20 % del salario medio. Sin embargo, en Baleares, Madrid y el País Vasco, los niveles superan ampliamente el umbral recomendado del 30 %.
En Ibiza y Formentera, el problema se agrava por la presión turística, la escasez de suelo y la falta de vivienda pública, lo que convierte el acceso a un hogar en un reto estructural para la población residente.
