El Parlament balear ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular, que insta al Gobierno central y al Govern balear a impulsar las medidas necesarias para prohibir el alquiler de motos de agua por horas y a restringir el uso de embarcaciones de recreo a personas sin titulación náutica oficial.
La iniciativa fue defendida por la diputada Margalida Pocoví, quien subrayó la necesidad de reforzar la seguridad marítima y proteger el entorno costero, cada vez más afectado por la proliferación de embarcaciones de alquiler durante la temporada turística.
Control y seguridad en el mar
La PNL propone, además, instar al Ejecutivo estatal a modificar la normativa de navegación de recreo para prohibir el alquiler de embarcaciones a motor a usuarios sin titulación náutica reconocida. Según Pocoví, el objetivo es evitar accidentes, minimizar riesgos medioambientales y garantizar un uso responsable de las zonas marítimas más saturadas del litoral balear.
Durante su intervención, la diputada popular recordó que la falta de control sobre el alquiler de motos de agua “ha generado situaciones de peligro tanto para los usuarios como para bañistas y otras embarcaciones”, y que esta medida busca “dar respuesta a una demanda ciudadana y de los propios profesionales del sector náutico”.
Rechazada una propuesta socialista para regenerar la bahía de Palma
Por otro lado, la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua rechazó una iniciativa socialista que planteaba la realización de un estudio técnico y ambiental sobre la viabilidad de instalar escollos artificiales en la bahía de Palma, especialmente en las zonas de Cala Mayor y Es Carnatge.
La propuesta, defendida por la diputada socialista Pilar Carbonero, tenía como objetivo recuperar la biodiversidad marina y mejorar la calidad del agua mediante un proyecto piloto de regeneración del fondo marino. El plan contemplaba la colocación de estructuras biocompatibles adaptadas a las necesidades ecológicas de la zona, en colaboración con centros de investigación, entidades científicas y organizaciones sociales vinculadas al mar.
Sin embargo, la comisión no dio luz verde a la iniciativa, que requería la implicación coordinada de administraciones marítimas y portuarias, dejando en suspenso la posibilidad de poner en marcha este tipo de proyectos de restauración ecológica en el corto plazo.
