Baleares y Canarias se sitúan como las comunidades autónomas con la tasa más elevada de disoluciones matrimoniales de toda España, con 41,9 demandas por cada 100.000 habitantes, según los datos publicados este lunes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al tercer trimestre de 2025.
A pesar de encabezar el ranking nacional, Baleares ha experimentado una reducción progresiva del número de demandas a lo largo del año. Entre los meses de julio y septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) registró 516 demandas de disolución matrimonial, que incluyen nulidades, separaciones y divorcios. Esta cifra supone un descenso respecto a las 643 demandas del segundo trimestre y las 707 del primero, confirmando una tendencia a la baja en el archipiélago.
La evolución trimestral también se refleja en la tasa por cada 100.000 habitantes, que, aunque continúa siendo la más alta del país, ha descendido desde el 57,4 del primer trimestre y el 52,2 del segundo hasta los 41,9 actuales.
En el conjunto de España, el número total de demandas de disolución matrimonial presentadas durante el tercer trimestre del año ascendió a 16.444, lo que representa una caída del 14,9 % en comparación con el mismo periodo de 2024. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se redujeron prácticamente todos los tipos de procedimientos, incluidas las nulidades, con la única excepción de los divorcios consensuados, que mantuvieron su tendencia estable.
Al relacionar las demandas con la población a 1 de enero de 2025, la media nacional se situó en 33,8 demandas por cada 100.000 habitantes. Además de Canarias y Baleares, superaron esta media la Comunidad Valenciana (39,5), Murcia (37), Aragón (36,3), La Rioja (34,9), Asturias y Castilla-La Mancha (34,3), así como Navarra (34,2).
Por el contrario, se situaron por debajo de la media comunidades como el País Vasco (26,2), Castilla y León (26,4), Cantabria (31,1), la Comunidad de Madrid (31,5), Galicia (31,6), Extremadura (32,7) y Cataluña y Andalucía, ambas con 33,3 demandas por cada 100.000 habitantes.
