Baleària ha interpuesto una demanda ante el juzgado contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consell Insular de Ibiza del 28 de marzo de 2025, por el que se desarrolla la Ley 7/2024 de control de afluencia de vehículos en la isla. Esta medida, que impone un cupo de entrada de vehículos entre junio y septiembre, tiene como objetivo aliviar la congestión vial y mejorar la sostenibilidad ambiental.
Sin embargo, la naviera considera que esta normativa es injusta, ineficaz y lesiva para el sector del transporte marítimo. En su demanda, la empresa solicita la nulidad del acuerdo y la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad, al considerar que vulnera dos derechos fundamentales: el derecho a la igualdad y el derecho a la libre circulación por el territorio español.
Baleària denuncia discriminación y perjuicio al transporte marítimo
Según Baleària, la medida discrimina a los no residentes que no son propietarios de vehículos en la isla, impidiéndoles circular libremente, a diferencia de quienes llegan por vía aérea y alquilan vehículos sin restricciones. “Es un despropósito político y de gestión, y una chapuza jurídica”, ha denunciado el presidente de la naviera, Adolfo Utor.
Utor advierte que este tipo de restricciones afectan directamente a la conectividad marítima de Ibiza, un sector estratégico para la isla, al imponer limitaciones administrativas que no se aplican al transporte aéreo. «Mientras en Europa se favorece el transporte ferroviario y marítimo frente al aéreo, en Baleares se penaliza precisamente al más sostenible», ha criticado.
Informes técnicos cuestionan el impacto ambiental del cupo
La demanda de Baleària se apoya en dos estudios: uno jurídico, elaborado por los doctores Esteban Morelle Hungría y María Luisa Cuerda Arnau, de la Universitat Jaume I, y otro técnico-científico realizado por la consultora Meteoclim. Ambos informes coinciden en que la medida del Consell carece de eficacia real y no resuelve el problema estructural de la congestión vial en Ibiza.
El informe jurídico califica la normativa como un caso de «greenwashing normativo», es decir, una simulación de compromiso medioambiental que no aporta resultados tangibles. Según este documento, el verdadero origen de la saturación vial es el parque móvil residente, que no se ve afectado por la medida. Además, se señala que no existen mecanismos adecuados de control ambiental, ni diferenciación entre vehículos de bajas y altas emisiones.
El efecto llamada y el aumento del parque móvil local
Uno de los argumentos clave que presenta Baleària en su recurso es el «efecto llamada» provocado por la normativa. Según el informe de Meteoclim, entre febrero y junio de 2025, las matriculaciones de vehículos en Ibiza aumentaron un 70 % respecto a años anteriores, al ser una forma legal de eludir la restricción mediante el empadronamiento del vehículo.
Esta estrategia, advierte Baleària, no solo no resuelve el problema de la saturación, sino que lo agrava a medio y largo plazo, consolidando un parque móvil mayor, más difícil de gestionar y con consecuencias negativas para la movilidad insular.
Falta de alternativas y sacrificio económico desproporcionado
La naviera también cuestiona que el Consell no haya contemplado otras opciones menos restrictivas y más eficaces, como la implantación de zonas de bajas emisiones, mejoras en el transporte público o una fiscalidad más ecológica. “La medida impone un sacrificio económico al transporte marítimo que supera ampliamente los beneficios ambientales, que además son mínimos o no verificables”, señala el informe.
Baleària recuerda que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece el principio de “transición justa”, que obliga a garantizar que las medidas medioambientales no perjudiquen injustamente a sectores económicos estratégicos. En este caso, denuncian que se está castigando a un modelo de transporte sostenible y necesario para la conectividad del archipiélago.
Deficiencias en la ejecución y falta de transporte público eficaz
Además del fondo jurídico y medioambiental, la demanda también subraya graves irregularidades en la tramitación del expediente: retrasos injustificados, declaración irregular de urgencia y ausencia de mecanismos técnicos de control, como una red de cámaras o bases de datos fiables que distingan entre vehículos locales y foráneos.
En paralelo, Baleària acusa al Consell de incumplir su obligación legal de ofrecer un sistema de transporte público interno eficaz, tal y como exige la ley de control de afluencia. Según consta en la demanda, el expediente de licitación del transporte público de la isla no registra avances desde enero de 2025.
Una medida sin efectos, pero con consecuencias
Aunque la restricción dejará de estar en vigor el 30 de septiembre, Baleària insiste en que la batalla judicial es necesaria para sentar un precedente. “Queremos una resolución de fondo. Tarde lo que tarde la justicia, esperamos que esta demanda contribuya a una reflexión colectiva y profunda sobre cómo gestionar de forma responsable la movilidad en Ibiza”, ha declarado Utor.
La naviera prevé presentar en los próximos días los informes completos con los efectos económicos directos de esta normativa: pérdidas estimadas en cinco millones de euros, alteraciones en las frecuencias de conexión y saturación creciente del tráfico en la isla.
