Baleària ha elevado de nuevo el tono contra el Consell Insular de Ibiza a pocos días de la entrada en vigor de la restricción al acceso de vehículos a la isla por vía marítima, prevista para el 1 de junio. En un comunicado hecho público este lunes, la naviera denuncia la inoperatividad total de las medidas anunciadas por la institución, subrayando que ni la plataforma web para gestionar los permisos está activa, ni existe una ordenanza fiscal para cobrar la tasa, ni se ha explicado cómo se ejercerá el control sobre los automóviles que lleguen por barco.
Según Baleària, esta situación está generando una “inquietud creciente” entre los pasajeros que viajan este verano a la isla con coche, ante la falta de información y herramientas para cumplir con la nueva norma.
La web no funciona y no hay marco fiscal
Una de las principales quejas de la compañía es la falta de operatividad del portal ibizacircular.es, anunciado por el Consell como canal para gestionar el cupo de entrada de vehículos a la isla durante la temporada alta. Baleària asegura que la plataforma no permite realizar ninguna reserva, ni facilita instrucciones a los viajeros que ya han comprado su billete.
A ello se suma la ausencia de una ordenanza fiscal que regule el cobro de la tasa asociada a la entrada de vehículos. Esto, según la naviera, deja en el aire la validez legal y económica de la medida, al no haberse definido cuánto se cobrará, en qué condiciones ni con qué respaldo jurídico.
Además, Baleària señala que no se han establecido mecanismos de control claros para verificar qué coches pueden o no desembarcar en Ibiza una vez se aplique la restricción.
“Improvisación” y recurso judicial
La empresa califica esta situación como una improvisación total por parte del Consell Insular, y considera que la falta de previsión pone en entredicho la viabilidad del plan. De hecho, este argumento es uno de los pilares del recurso contencioso-administrativo que Baleària ya ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el que solicita la suspensión cautelar de la norma.
En su denuncia pública, la naviera recuerda que lleva meses comercializando billetes para la temporada de verano, y que se ve ahora sin capacidad para informar adecuadamente a sus pasajeros sobre cómo cumplir con una medida que, en teoría, debería aplicarse en apenas 20 días.
Críticas al diagnóstico del Consell
Baleària afirma que comparte con el Consell y con la ciudadanía ibicenca la preocupación por la congestión viaria que sufre la isla en temporada alta, pero rechaza frontalmente el enfoque que se ha dado al problema. En su análisis, la naviera sostiene que los coches que llegan por vía marítima entre junio y septiembre no son los causantes del colapso circulatorio, y aporta cifras para argumentarlo.
Según los datos de la empresa, el saldo medio de vehículos que permanecen en la isla tras llegar en barco durante el verano representa solo el 1,5% del parque de vehículos total de Ibiza. Se trata, además, de coches que en su mayoría permanecen apenas unos días en la isla, y cuyo impacto sobre la movilidad sería marginal.
La compañía acusa al Consell de cometer un error de cálculo al contabilizar únicamente los vehículos que llegan sin tener en cuenta los que salen. Es decir, de inflar artificialmente las cifras para justificar una medida que, en su opinión, no aborda el fondo del problema real.
“Colaboración ofrecida desde el primer momento”
A pesar del enfrentamiento público y judicial, Baleària asegura que ha mantenido una actitud constructiva desde el inicio, y que ha ofrecido su colaboración al Consell Insular para diseñar un sistema efectivo de control de acceso de vehículos que sea viable, legal y útil para los residentes y visitantes de la isla.
En el comunicado, la empresa reitera que su compromiso es con un modelo de turismo responsable y una movilidad sostenible, pero insiste en que las soluciones deben ser técnicas, realistas y acordadas. No impuestas de forma unilateral y sin garantías mínimas de operatividad.
Un nuevo capítulo en la guerra institucional
Esta última denuncia se suma a una escalada institucional que ya se ha trasladado a los juzgados. Baleària y el Consell Insular mantienen abierto un pulso que combina litigio legal y presión mediática, y que tiene implicaciones económicas, políticas y sociales. La entrada en vigor de la norma, aún rodeada de incertidumbre técnica y legal, amenaza con generar un escenario de caos administrativo en plena temporada alta.
Mientras tanto, la naviera marca los fallos del Consell uno a uno: la falta de plataforma, la inexistencia de normativa fiscal, la ausencia de comunicación clara y la carencia de herramientas de control. Y lo hace en un momento clave, a apenas tres semanas del inicio oficial del nuevo régimen de movilidad insular.
